LIMA (AP) — Las autoridades electorales llevaban a cabo el domingo el lento conteo de votos de los comicios presidenciales de Perú en los que participaron 35 candidatos y que se celebraron en medio de problemas logísticos que dejaron sin sufragar a más de 63.000 personas.
Unos 27 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas para elegir mandatario, dos vicepresidentes, los 130 miembros de la Cámara de Diputados y los 60 del Senado en el regreso a la bicameralidad luego de 30 años.
La elección transcurrió con problemas como que varios centros de votación abrieron sus puertas con retraso porque no había llegado el material electoral, lo que generó malestar entre las personas que hacían largas filas para entrar.
Debido a ello, las autoridades electorales ampliaron una hora más el horario de votación, hasta las 18 hora local, luego de reconocer problemas en la distribución de la papeletas con los nombres de los candidatos.
El contratiempo impidió que 63.300 ciudadanos pudieran sufragar en Lima, con lo que el tribunal electoral peruano ordenó el domingo por la noche que el lunes puedan hacerlo y que se disponga la misma medida para los que peruanos que no pudieron sufragar en Estados Unidos.
En un comunicado las autoridades señalaron que las mesas de votación para 63.300 peruanos se abrirán a las 7 hora local hasta las 18 horas en 211 mesas electorales de 15 colegios públicos en los distritos capitalinos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.
También habrá mesas electorales disponibles en Orlando, Florida, y Paterson, Nueva Jersey, donde viven comunidades peruanas.
Diversos aspirantes a la presidencia —entre ellos la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular— criticaron a Piero Corvetto, el jefe de la organización de los comicios.
Es difícil establecer con qué velocidad se llevará a cabo el conteo de votos. El resultado final de los comicios podría incluso demorar hasta el jueves 16 de abril.
Candidatos sin alta intención de voto
Según sondeos privados previos, ninguno de los postulantes lleó con alta intención de voto a estas elecciones en las que el sufragio era obligatorio.
En un contexto de incertidumbre, varias encuestas indicaron que Fujimori —hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)— encabezaba la intención de voto con 15%. La dirigente política promete combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles. Sin embargo, la suma del voto nulo, en blanco e indeciso lideraba las proyecciones.
Detrás de Fujimori se ubicaban cinco postulantes separados por pocos puntos porcentuales entre sí. Entre ellos están dos exalcaldes de Lima: Ricardo Belmont (1989-1995) del Partido Cívico Obras, un nacionalista que asegura que renegociará los contratos de explotación de recursos naturales, y Rafael López-Aliaga (2021-2025), de Renovación Popular, un millonario que promete créditos a los pequeños empresarios a través del banco estatal.
Para ganar en primera vuelta un candidato a presidente debe obtener el 50% más uno de los votos válidos. Si ningún postulante consigue esa cantidad de sufragios, el 7 de junio se realizará una segunda vuelta entre los dos más votados.
La inseguridad, mayor preocupación
Perú atraviesa una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.
Los electores se quejan además del aumento del costo de vida y de la persistente corrupción.
La enfermera Heidy Justiniano, de 33 años y madre de una niña, dudaba a quién votar el domingo por la mañana frente a la escuela pública Santa Rosa de Lima.
“Mucha delincuencia, mucho asalto en cada esquina; a un chofer (de un medio de transporte) lo mataron; lo que ahorita más nos importa es la seguridad, la vida de cada persona”, dijo Justiniano a The Associated Press.
La mujer dijo que “no todo lo que dicen (los políticos) lo cumplen; esta vez hay que elegir bien a nuestro presidente para que pueda mejorar al Perú”.
En el último quinquenio las denuncias por extorsión —un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público— se han quintuplicado, mientras que los asesinatos se han duplicado, de acuerdo con datos oficiales. El costo de la criminalidad consume 1,7% del PBI, el equivalente a unos 5.000 millones de dólares anuales, lo que actúa como un impuesto que asfixia el consumo y la inversión privada, según cálculos del Ministerio de Economía.
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