CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo designó el martes al abogado Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general en reemplazo de Consuelo Porras, la jefa del Ministerio Público que enfrenta sanciones de 40 países por obstruir la lucha anticorrupción en el país centroamericano.
Arévalo dijo que decidió confiarle el cargo a García Luna a partir del 17 de mayo, fecha en que finaliza la gestión de Porras.
“El Ministerio Público recibe una nueva autoridad que no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios”, señaló el mandatario en un mensaje a la nación.
García Luna asumirá al frente de un organismo que ha sido objeto de fuertes críticas a nivel nacional e internacional debido a la dirección que tuvo durante los ocho años de la gestión de Porras, quien es señalada por los críticos de utilizar a la fiscalía para criminalizar a ex operadores de justicia, periodistas, opositores y al mismo presidente Arévalo.
García Luna, de 49 años, es abogado, notario y doctor en derecho con 22 años de experiencia. Además, ha fungido como juez de paz, de primera instancia y magistrado de sala de apelaciones.
Arévalo escogió a García Luna de una lista de seis aspirantes que le fue presentada por una comisión de postulación integrada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país y el Colegio de Abogados, que revisó por lo menos 48 expedientes de candidatos a ocupar el cargo.
Juan Francisco Sandoval, un exfiscal que denunció desde el exilio las prácticas de criminalización de Porras. destacó que la designación de García Luna “marca el cierre de una etapa profundamente cuestionada en el Ministerio Público y abre una oportunidad para iniciar un proceso de reconstrucción institucional”.
Añadió que el principal desafío será recuperar la independencia, credibilidad y confianza de la ciudadanía en una institución que “durante años fue señalada por instrumentalizar el derecho penal y perseguir selectivamente a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.
"Más allá de las expectativas políticas, lo importante será que el nuevo fiscal general demuestre con hechos su compromiso con la legalidad, la objetividad y la lucha contra la corrupción y la impunidad”, puntualizó.
En mayo de 2025, la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, cuestionó a Porras por mantener una política de criminalización contra varios colectivos y personas por sus denuncias contra la corrupción.
Porras también intentó bloquear la llegada al poder del presidente Arévalo. Luego de los comicios de 2023, la fiscalía logró que un juez cancelara al partido Movimiento Semilla de Arévalo a pesar de que la ley únicamente faculta al Tribunal Supremo Electoral para tomar ese tipo de decisiones. Además, denunció un presunto fraude electoral, denuncia que no avanzó.
Líderes indígenas, estudiantes, campesinos y miembros de la población general paralizaron el país con bloqueos de carreteras durante varios días en octubre de 2023 para que Porras, elementos de la fiscalía y miembros de la oposición no pudieran intervenir en la toma de posesión de Arévalo. La fiscalía detuvo en 2024 a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades indígenas que lideraron las protestas y permanecen en prisión.
Porras permaneció ocho años en el cargo, los primeros cuatro después de recibir la designación por parte del entonces presidente Jimmy Morales, y los demás gracias al nombramiento del expresidente Alejandro Giammattei de quien decía ser su amigo. Porras nunca investigó o proceso a ninguno de estos exmandatarios, quienes fueron señalados de varios delitos de corrupción.
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