CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Consuelo Porras termina su periodo como fiscal general de Guatemala dejando tras de sí una gestión de ocho años que según sus críticos estuvo marcada por el uso de constantes intimidaciones para criminalizar a referentes de distintos sectores, lo que le valió sanciones de 40 gobiernos extranjeros por obstruir la lucha anticorrupción en el país centroamericano.
Analistas señalaron el miércoles a The Associated Press que el principal desafío que se presenta una vez que Porras deje el cargo es recuperar la independencia y la credibilidad del Ministerio Público.
“Porras usó la fiscalía y el derecho penal para perseguir selectivamente a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos. Ahora habrá que hacer justicia y recuperar esa confianza en la justicia”, reclamó el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien vive en el exilio luego de denunciar persecuciones orquestadas por la fiscalía a raíz de sus investigaciones anticorrupción.
Un abogado y exjuez es el reemplazante
El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo designó el martes al abogado Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general por un periodo de cuatro años en reemplazo de Porras, quien finalizará su gestión el 17 de mayo. La funcionaria había intentado postularse al cargo una tercera vez.
“El Ministerio Público recibe una nueva autoridad que no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios”, señaló Arévalo, quien se ha considerado también una víctima de las políticas de persecución de Porras.
Sandoval aseguró que el nuevo jefe de los fiscales deberá mostrar voluntad para revisar los polémicos casos de criminalización. “Debe revisarse caso por caso objetivamente para establecer los montajes que se armaron...espero que ningún fiscal, juez o ciudadano vuelva a enfrentar persecución por cumplir con su trabajo o ejercer sus derechos”.
García Luna, de 49 años, es además notario y doctor en derecho con 22 años de experiencia. Ha fungido como juez de paz de primera instancia y magistrado de sala de apelaciones.
Señalamientos contra Porras
Desde hace años varias instituciones vienen alertando sobre la criminalización ejercida por Porras contra colectivos y personas que investigan casos de corrupción, y son críticos de su gestión. Así lo hizo en mayo de 2025 la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite.
Stephen McFarland, quien ejerció como embajador de Estados Unidos en Guatemala entre 2008 y 2011, dijo que el nuevo fiscal general se va a enfrentar a “una institución bastante debilitada y desvirtuada”.
El embajador retirado destacó que será necesario averiguar y publicar qué pasó durante la gestión de Porras, "responder por las injusticias e identificar mecanismos para que no vuelva a pasar”.
La fiscalía a cargo de Porras implementó políticas como la de reservar el contenido de expedientes judiciales a los acusados para que no supieran de qué se les acusaba o las pruebas en su contra, muchas veces con el aval de jueces. Uno de los casos es el de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, acusados de terrorismo por las protestas que lideraron en 2023 pidiendo la renuncia de la funcionaria. A un año de prisión, sus abogados no han tenido acceso a las pruebas en su contra.
La fiscal se ha defendido diciendo que bajo su cargo el Ministerio Público “se transformó” con mejoras continuas y que cumplió con todos los requisitos de idoneidad, capacidad y honorabilidad.
Cuando deje el puesto, Porras perderá su inmunidad y podrá ser investigada por la misma fiscalía si se presentan denuncias en su contra.
Algunas propuestas
Según Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala que vive en el exilio, es primordial “identificar a las personas que forman parte de la estructura que favoreció la impunidad y criminalización, sobre todo los puestos más cercanos a la actual fiscal general porque van a seguir haciendo daño”.
Paz y Paz, que ha denunciado persecución por haber ordenado investigar casos de crímenes de lesa humanidad —tal como exigieron instancias internacionales de justicia—advirtió además que es necesario rescatar ciertas fiscalías desmanteladas, como la de derechos humanos que investigaba crímenes de guerra.
Los analistas coincidieron en que habrá que reactivar la cooperación perdida con otros países y revisar las unidades especiales dedicadas a la lucha contra el crimen internacional que, según dijeron, se usaron para la persecución selectiva.
Sandoval afirmó al respecto que “no hay ni un solo caso de investigación" contra estructuras del narcotráfico en Guatemala que haya derivado en su desarticulación.
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