KINGSTON, Jamaica (AP) — Jamaica está en conversaciones con Estados Unidos para aceptar deportados de terceros países, una medida que sumaría a la nación insular a un creciente número de países del Caribe que trabajan con el gobierno del presidente Donald Trump en su agenda migratoria.
El ministro de Seguridad Nacional de Jamaica, el doctor Horace Chang, confirmó el martes que el país firmó un memorando de entendimiento con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para aceptar hasta 25 personas de países distintos de Jamaica cada dos semanas.
Los deportados, señaló Chang, no serán puestos en detención, aunque aún no se han determinado los detalles sobre dónde serían alojados. La compensación por aceptarlos todavía se está negociando.
Si el acuerdo se concreta, Jamaica se uniría a México, El Salvador, Uganda y a varios países más que han aceptado recibir a migrantes de terceros países deportados desde Estados Unidos.
La medida ha comenzado a recibir el rechazo del opositor Partido Nacional del Pueblo, o PNP, que acusó al gobierno jamaicano de mantener las negociaciones ocultas al público.
El PNP sostuvo que aceptar a los migrantes pone en grave riesgo la seguridad interna de Jamaica, su posición internacional y su frágil infraestructura social.
“Los jamaicanos merecen saber si se han llevado a cabo conversaciones y si se han alcanzado compromisos o entendimientos”, dijo en un comunicado Donna Scott Mottley, portavoz de la oposición.
“Jamaica, como otras naciones soberanas, está obligada por las leyes internacionales a aceptar el retorno de sus propios ciudadanos”, afirmó Chang. “Sin embargo, este nuevo arreglo no significa que se esté arrojando a ciudadanos de terceros países en nuestras costas. Se trata de un proceso estructurado y gestionado para trasladar a las personas a través de Jamaica hasta su destino final”, añadió, trazando una línea tajante entre repatriar a nacionales jamaicanos y tramitar a ciudadanos extranjeros.
Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el gobierno “utiliza todas las opciones legales” para realizar las deportaciones.
Aunque en febrero de 2026 un tribunal federal de distrito de Estados Unidos finalmente anuló la política de expulsión a terceros países por considerarla ilegal —al dictaminar que Estados Unidos no puede arrojar migrantes en países no designados sin la debida notificación—, la política sigue aplicándose a la espera de una decisión en apelación.
Crecientes diferencias en el Caribe
Como parte de su ofensiva migratoria, el gobierno de Trump ha utilizado una serie de acuerdos discretos para deportar a más de 19.000 personas a terceros países, según el grupo Third Country Deportation Watch, y algunas de ellas han terminado en naciones de las que ni siquiera habían oído hablar.
La mayoría de los deportados han sido enviados a México, afirma el grupo, pero más de 1.500 han sido dispersados a más de 20 países, muchos de ellos, naciones pobres de América Latina y África que buscan maneras de congraciarse con Estados Unidos.
La desavenencia diplomática en Kingston refleja una fragmentación más amplia en todo el Caribe, donde varios gobiernos han suscrito discretamente distintos acuerdos con Estados Unidos para evitar restricciones de viaje paralizantes o sanciones económicas.
República Dominicana firmó un acuerdo no vinculante para retener temporalmente a un número limitado de nacionales de terceros países sin antecedentes penales, mientras prohibía explícitamente el ingreso a los menores no acompañados y a los nacionales del vecino Haití, un pacto que también recibió fuertes críticas.
El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, defendió un acuerdo similar como un “paso pragmático” para preservar las vitales relaciones bilaterales con Washington, aunque estipuló que se rechazaría a los delincuentes violentos.
Antigua y Barbuda adoptaron una postura muy restrictiva, caso por caso. El primer ministro Gaston Browne confirmó un marco que limita el total de aceptaciones a un máximo de 10 personas sin antecedentes penales.
Guyana aprovecha las negociaciones para resolver su enorme déficit de mano de obra derivado del auge petrolero, y explora un marco financiado por Estados Unidos para aceptar a migrantes calificados sin antecedentes penales con el fin de cubrir una escasez estimada de 80.000 trabajadores.
Para críticos y defensores de derechos humanos, los riesgos legales y humanitarios de estos acuerdos con terceros países quedan en evidencia en el caso de Orville Etoria, un ciudadano jamaicano que fue deportado desde Estados Unidos.
A Etoria, que había vivido en Estados Unidos durante casi 50 años tras llegar de niño en 1976, le revocaron la residencia permanente después de una condena penal. En lugar de ser repatriado a Jamaica, fue enviado a Esuatini en julio de 2025. Al llegar, a él y a otros cuatro nacionales de terceros países se les privó del debido proceso y fueron detenidos de manera indefinida en el Complejo Correccional de Matsapha, una prisión de máxima seguridad. Tras dos meses de intensa intervención diplomática del gobierno jamaicano, Etoria fue repatriado de regreso a su país.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.