SANTIAGO (AP) — Aunque llegó al gobierno con un discurso que prometía tolerancia cero con el crimen organizado y la inmigración irregular, en sus primeros 100 días de gestión el presidente chileno José Antonio Kast giró su foco hacia el reordenamiento económico.
Kast impulsó un recorte del gasto público que generó cuestionamientos al tiempo que controversias en el área de seguridad precipitaron la caída en mayo de la entonces ministra Trinidad Steinert.
Esos factores combinados llevaron a un desplome de la aprobación presidencial desde el 47,5% con la que Kast debutó en marzo hasta el 31% a inicios de junio, según la firma Pulso Ciudadano.
“Kast ganó las elecciones presentando mensajes simplistas sobre seguridad, vinculados a la migración y la economía", pero ya en el poder no ha cumplido sus promesas, comentó a The Associated Press, Catalina Calderón, analista política del Women’s Equality Center.
Aquí un vistazo a la gestión de Kast.
Seguridad
Poco se ha avanzado en el combate a la delincuencia y una serie de errores del Ministerio de Seguridad, entre ellos haber admitido que carecía de un plan para combatir el crimen organizado, llevó a la caída de Steinert.
El nuevo ministro Martín Arrau tampoco ha presentado una hoja de ruta y reconoció que la Política Nacional de Seguridad promulgada durante la administración del progresista Gabriel Boric (2022-2026) sigue vigente.
Hasta la fecha la cartera no ha enviado al Congreso los proyectos de ley anunciados para fortalecer la seguridad.
Además, se produjo un "estancamiento de medidas críticas como el aumento de penas para miembros de organizaciones criminales y el reforzamiento de la tipificación del delito de pertenencia a una entidad criminal”, detalló un informe sobre el cumplimiento del programa de gobierno publicado en junio.
El estudio elaborado por una docena de centros progresistas —entre ellos el alemán Friedrich-Ebert-Stiftung— analiza regularmente el cumplimiento de las promesas de cada administración.
Inmigración
Otra de las principales banderas de Kast en la campaña fue el combate a la inmigración irregular que muchos en Chile vinculan con el aumento de la delincuencia.
El entonces candidato había prometido convertirla en un delito, construir zanjas y barreras físicas en las fronteras e impulsar expulsiones masivas. Sin embargo, se ha encontrado con trabas legales y administrativas.
“Muchas de las cosas que se prometieron eran de dudosa aplicación”, dijo a AP el analista político Gilberto Aranda. “El Ejecutivo no cuenta ni con los instrumentos ni las herramientas jurídicas para expulsiones exprés".
Ello porque en la actualidad los extranjeros se encuentran en una situación irregular, pero no delictiva. Asimismo, el proceso de expulsión depende de la cooperación entre los países involucrados, lo que dificulta las deportaciones a naciones como Venezuela, cuyas relaciones diplomáticas con Chile están congeladas.
“Lamentablemente muchos de los que cometen delitos son extranjeros y el gobierno debería tener un mayor control sobre ellos”, dijo la comerciante Ana María Torres, de 47 años. “Pero lo que vemos hasta ahora es que todo sigue igual”.
Kast incluso anunció una "cuenta regresiva" para la deportación de los cerca de 300.000 inmigrantes sin papeles — en gran parte venezolanos— que viven en el país, pero luego reconoció que era una "metáfora”.
“Si alguien creyó que en un día vamos a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje”, dijo hace algunas semanas.
En términos concretos el gobierno comenzó la construcción de una zanja simbólica en la frontera norte del país y encabezó recientemente una reunión regional donde firmó, junto a otros cuatro países, un compromiso para incrementar los esfuerzos conjuntos en el combate al crimen organizado y el monitoreo de pasos fronterizos no habilitados.
Economía
El tercer pilar del gobierno de Kast es el que hasta ahora ha mostrado avances más concretos.
El buque insignia de su administración es el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que prevé un paquete de reformas tributarias, laborales y habitacionales que se encuentra en discusión en el Congreso.
Kast anunció que seguirá adelante con medidas con las que espera “ordenar las finanzas públicas”, pero reconoció que algunas de ellas podrían generar molestias. Eso incluye una reducción de cerca del 3% del presupuesto ministerial, sobre todo en las carteras de Salud, Educación, Vivienda y Trabajo.
La medida generó una ola de críticas y llevó a miles de personas a las calles en los últimos meses.
“Nos quieren callar, pero nosotros no vamos a parar”, dijo la estudiante de Pedagogía, Magdalena Correa. “Nos están quitando recursos y derechos y tenemos que contraatacar”.
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