CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, afirmó el miércoles que está impulsando cambios en el Ministerio Público en un esfuerzo por tomar distancia de su antecesora, la sancionada exfiscal Consuelo Porras, quien —según dijo— formó una entidad paralela que despidió a cientos de fiscales afectando la labor de investigar los delitos en el país.
“Aquí (la exfiscal) formó un gobierno paralelo que destruyó la carrera fiscal, principalmente al haber destituido a un promedio de entre 800 y 1.000 trabajadores durante su gestión” de ocho años, aseguró García Luna en una entrevista con The Associated Press.
El nuevo jefe del Ministerio Público asumió el cargo hace 40 días y ya ordenó desarticular la red de personal administrativo y fiscal de confianza de la exfiscal Porras denunciada por criminalizar y perseguir a exoperadores de justicia.
“Todos tienen un concepto de un Ministerio Público que se puede usar de una forma y eso ya no podemos tenerlo, no es un ente político, ni un arma política de nadie y yo no pienso volver a hacer cosas que se hicieron en anteriores administraciones”, señaló el García Luna, sentado en un lujoso y vacío escritorio de madera, herencia de su antecesora, en su nueva oficina.
García Luna, de 49 años, es doctor en derecho y comenzó su carrera dentro del sistema de justicia a los 17 años en un cargo menor en un juzgado, hasta llegar a ser juez y magistrado de Sala de Apelaciones. Llegó con el desafío de cambiar el rumbo de una fiscalía general que con Porras al frente (2018-2026) fue señalada de perseguir y criminalizar a decenas de operadores de justicia, activistas y periodistas que buscaron el exilio.
Porras también intentó detener la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo al buscar que el partido que lo llevó al gobierno fuera cancelado por un juez y que se desconociera su presidencia alegando un presunto fraude que no fue comprobado.
El nuevo fiscal apuesta a un cambio radical de una fiscalía “represora y de venganza” a opositores políticos a otra nueva con el relanzamiento de la carrera fiscal. Estados Unidos y la Unión Europea, que sancionaron a Porras y a varios de sus fiscales por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia, han ofrecido apoyo a ese proyecto y al combate al crimen transnacional organizado.
En mes y medio, el fiscal García Luna ha destituido a una treintena de allegados a Porras, que habrían cometido faltas como destituir a fiscales que llevaban investigaciones importantes para bloquear procesos y por ordenar traslados injustificados para entorpecer investigaciones, entre otras razones.
“Estamos investigando si sus acciones tienen alguna responsabilidad judicial”, dijo.
Muchos exoperadores de justicia, como el exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien vive exiliado tras denunciar persecución por parte de Porras por su trabajo en casos de corrupción de alto impacto, consideran que los colaboradores de la polémica exfiscal cesados deben ser objeto de una investigación imparcial e independiente.
García Luna dijo que no descarta tomar acciones penales contra Porras, quien enfrenta varias denuncias, una de ellas por presunta trata de personas en un caso de adopciones irregulares.
El nuevo fiscal también creó una comisión que revisa los expedientes de quienes han denunciado criminalización, y aseguró que colabora con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que ha fijado para el 4 de agosto una audiencia para conocerlos.
García Luna señaló, además, que se revisan los casos en los que la fiscalía, bajo el mandato de Porras, benefició o permitió liberar a presuntos corruptos, narcotraficantes y acusados de otros delitos, con el fin de retomarlos e interponer las acciones judiciales que permita la ley para que no haya impunidad.
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