BOGOTÁ (AP) — A una década de la histórica firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Tribunal de Paz creado para juzgar los crímenes del conflicto armado se juega su futuro.
El presidente electo, el conservador Abelardo de la Espriella, dijo durante la campaña que haría todo lo que estuviera a su alcance para desmontar el tribunal, al que considera “fallido”, pese a que no ha cumplido sus 15 años de mandato.
Sin embargo, no sería un asunto sencillo debido a su “blindaje constitucional e internacional”, explicó en entrevista con The Associated Press Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como se denomina el tribunal.
El tribunal está protegido por la Constitución colombiana y cuenta con el respaldo de la Corte Penal Internacional (CPI), que en 2021 cerró un examen preliminar a Colombia al considerar que estaba a la altura de sus obligaciones internacionales en materia de justicia, en gran parte por los avances de la JEP.
Ramelli aseguró que esa decisión fue condicionada a no cerrar la JEP, no modificarla ni desfinanciarla. “Si eventualmente pasa alguna de esas tres cosas o varias, la Fiscalía (de la CPI) puede revertir esa decisión y podría nuevamente abrirse ese examen preliminar y eventualmente una investigación ya formal contra personas particulares de Colombia”, agregó.
El tribunal tiene el mandato de investigar los crímenes de guerra y lesa humanidad hasta 2028, con un periodo adicional de cinco años para los juicios. Luego queda en manos del Congreso definir si le da otros cinco años de vida.
Cuando los acusados reconocen su responsabilidad en los crímenes acceden a sanciones que no implican la cárcel sino su participación en proyectos que buscan reparar el daño causado, lo que para algunos sectores críticos es sinónimo de impunidad. En tanto, quienes no admiten los delitos cometidos se exponen a una pena de 20 años de prisión.
La JEP, tanto como el proceso de paz con las FARC, ha dividido al país entre quienes la respaldan como un hito que acabó con la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica y ahora la juzga y quienes la señalan de ser un tribunal presuntamente parcializado contra los exmilitares.
El tribunal, en funciones desde 2018, juzga a más de 14.000 personas involucradas en el conflicto armado. El 70% de ellos son exguerrilleros, el 29% exmiembros de la fuerza pública y el restante son civiles.
¿Eliminarla o desfinanciarla?
El designado ministro de Justicia de De la Espriella, Iván Cancino, dijo la víspera a Caracol Radio que no pretende eliminar la JEP, pero exigirá resultados y revisará sus gastos.
El saliente presidente Gustavo Petro, quien tuvo críticas para la JEP pero la mantuvo, aseguró el miércoles que “debe ser fortalecida” en su presupuesto. “No hay que acabar la posibilidad de la verdad judicial en el conflicto porque es fundamental para la reconciliación nacional”, publicó en X.
Ramelli advirtió que un recorte presupuestario "afectaría gravemente el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia”, especialmente de las víctimas del conflicto armado. Mientras que una “finalización abrupta" del tribunal dejaría en un limbo jurídico a quienes se sometieron a su jurisdicción.
Sobre los resultados, Ramelli resaltó las primeras sentencias contra la última cúpula de las FARC por más de 21.000 secuestros y contra un grupo de exmilitares por más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales. Ambos reconocieron los crímenes y recibieron sanciones que no implicaron cárcel, sino el cumplimiento de proyectos en favor de las víctimas.
Sin embargo, para un exmilitar que negó su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, el tribunal dictó una sentencia condenatoria de 20 años de prisión.
“¿Cuánto valen las verdades reveladas por la jurisdicción?”, cuestionó Ramelli. “La verdad sobre el volumen de secuestros de las FARC, los más de 18.677 niños y niñas reclutados, la violencia sexual por parte de las FARC, las ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública. El país realmente no las conocía”, detalló.
Colombia aún no ha salido de la espiral de violencia. Persisten grupos ilegales que se disputan las ganancias ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal, incluyendo facciones disidentes de las extintas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el cártel Clan del Golfo.
La paradoja, dijo Ramelli, es que mientras a nivel internacional el tribunal de Colombia es un caso de estudio para otros países en guerra, internamente continúa en el ojo del huracán.
“Si no hubiera existido la JEP, ¿cuántos muertos más hubiéramos tenido?”, se preguntó Ramelli.
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