MIAMI. — Los comisionados de la ciudad de Miami buscan evitar una batalla legal con el ex comisionado Joe Carollo.
Acordaron resolver mediante un acuerdo una demanda relacionada con un programa de pensiones congelado que data de hace décadas por $770,000 USD, en lugar de ir a juicio con Carollo.
Pero la ciudad aún mantiene otra batalla legal con Carollo, quien fue alcalde en dos ocasiones y comisionado en tres antes de dejar el cargo en 2025 debido a los límites de mandato.
Recientemente, la comisión votó a favor de demandar a Carollo para recuperar los gastos legales que la ciudad asumió al defenderlo después de que dos empresarios lo demandaron y obtuvieron una victoria en los tribunales.
El abogado de los empresarios, Jeff Gutchess, indicó en un documento presentado ante el tribunal a principios de este año que la sentencia final de $63 millones USD otorgada por un jurado civil federal “permanece sin ser satisfecha”, antes de enumerar los “fundamentos para un embargo”.
En ese caso, un jurado civil federal determinó que Carollo era responsable de violar los derechos de la Primera Enmienda de William Fuller y Martin Pinilla, propietarios del popular bar Ball & Chain en Miami.
“Los documentos presentados alegan que el pago propuesto surge de una demanda presentada hace décadas por Carollo contra la ciudad relacionada con cambios legislativos en materia de pensiones y que se espera que el acuerdo sea financiado con los ingresos generales de la ciudad, en lugar de cualquier fideicomiso de pensiones o cuenta de jubilación protegida”, dijo Gutchess a Local 10 News en un comunicado en mayo. “Lo que resulta profundamente preocupante es que, incluso después de las conclusiones del jurado y de la sentencia del tribunal, la ciudad de Miami continúa ayudando y respaldando al mismo individuo declarado responsable de utilizar el poder del gobierno como arma contra ciudadanos particulares.
“En lugar de proteger a los contribuyentes y restaurar la confianza pública, la ciudad ahora está dispuesta a transferir una cantidad considerable de fondos públicos al responsable de esa conducta, mientras la sentencia en su contra sigue sin ser pagada.”
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