BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández, quien cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por corrupción, denunció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los jueces que la sentenciaron por “machismo estructural” y persecución política.
“Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como éste: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder”, explicó la exmandataria de centroizquierda —que gobernó el país entre 2007 y 2015 y fue vicepresidenta entre 2019 y 2023— en una publicación difundida el miércoles en sus redes sociales.
La presentación, a cargo de dos abogados extranjeros, tuvo lugar al cumplirse el primer año del arresto domiciliario que se le impuso a Fernández luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la licitación pública para la construcción de obras viales durante su gestión.
La dirigente de 73 años, que se encuentra recluida en su apartamento de Buenos Aires, enfrenta actualmente otro juicio por asociación ilícita en una causa que involucra también a varios empresarios que habrían pagado millonarios sobornos a funcionarios durante su gobierno.
Fernández, quien rechaza los cargos en su contra, sostuvo que “lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas”.
“Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”, remarcó. “Con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única expresidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”.
Añadió que el fin último de la supuesta persecución judicial en su contra es proscribirla políticamente. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal... Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”, señaló.
Impacto político más que judicial
Tras agotar todas las instancias judiciales en Argentina, la exmandataria quedó habilitada para llevar su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
La presentación, a cargo del abogado español Javier Borrego y del brasileño Rafael Valim, enumera la serie de supuestas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las que habría sido víctima la líder opositora, entre las que mencionó el derecho a votar y ser elegida y enfrentar un juicio justo ante un tribunal “competente, independiente e imparcial” y con “tiempo y medios adecuados” para preparar su defensa.
Los abogados señalaron que Fernández fue juzgada “dos veces por el mismo delito”, lo cual es inconstitucional, al recordar que tribunales inferiores archivaron o dictaron su sobreseimiento en 49 de las 51 obras públicas por las que fue condenada la expresidenta.
La defensa de Fernández también solicitó ante Naciones Unidas medidas cautelares para dejar sin efecto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y flexibilizar el régimen de prisión domiciliaria, que incluya el retiro de la tobillera electrónica, eliminar restricciones a visitas y acceso al aire libre.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas primero debe admitir el recurso presentado por la expresidenta antes de pronunciarse, aunque sus resoluciones no necesariamente son vinculantes.
“Nuestra Corte Suprema (de Argentina) ya ha dicho claramente (en otra sentencia) que no hay una cuarta instancia superior a la Corte misma que pueda revocar un fallo”, explicó el abogado constitucionalista Félix Lonigro en diálogo con radio Rivadavia de Buenos Aires.
“Me parece que la idea es generar oleaje en la pileta en la que nadan los políticos y no en el ambiente judicial. Tal vez quiera posicionarse en el mundo como una víctima”, opinó el experto.
Por tratarse de una condena firme, la única posibilidad concreta que tiene Fernández de recuperar su libertad es un indulto presidencial, algo improbable bajo la gestión actual del presidente liberal Javier Milei.
Pero este escenario podría revertirse el próximo año si el peronismo regresa al poder con un triunfo en las elecciones generales de octubre.
“Con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos”, concluyó la expresidenta.
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