TEGUCIGALPA (AP) — Un juez de Honduras dictaminó el lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández no será encarcelado durante el proceso judicial que enfrenta por presuntos fraude y lavado de activos.
El exgobernante (2014-2022) se presentó a una audiencia como imputado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante la cual el Ministerio Público solicitó la medida de prisión preventiva, que fue rechazada.
Hernández regresó recientemente al país centroamericano tras recibir un indulto del presidente de Estados Unidos Donald Trump por los cargos de tráfico de drogas que se le imputaban en ese país.
“El expresidente quedó con las medidas cautelares de prohibición de salir del país, quedar al cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, debiendo rendir un informe semanalmente de su condición; además, de rendir una caución juratoria”, informó el Juzgado Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Sobre la caución juratoria, el juzgado informó que se levantará un acta dónde el expresidente jurará frente a las partes procesales que no se fugará y que se presentará ante la justicia en las distintas etapas procesales.
El exgobernante, de 57 años, deberá presentarse nuevamente ante el juez el 12 de agosto en una audiencia en la que se conocerá si recibe el formal procesamiento o, por el contrario, es puesto en libertad de forma provisional o definitiva.
A su llegada al tribunal, Hernández aseguró que estaba cumpliendo con presentarse voluntariamente para hacer frente a la acusación.
La audiencia de este lunes estaba programada para las 9:00 horas, pero sufrió un retraso debido a que antes se tuvo que resolver un recurso de reposición presentado por la defensa de Hernández.
El recurso se presentó en respuesta a la decisión de un juez designado por la CSJ de declararse incompetente para tratar la causa debido a que Hernández ya no es un alto funcionario del Estado.
El escrito de la defensa no fue aceptado y finalmente la audiencia fue realizada por un juez en materia de corrupción.
Las acusaciones
A Hernández se le vincula a una trama de corrupción conocida como el caso Pandora II integrada por ex altos funcionarios que entre 2010 y 2013 participaron en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (un poco más de 11 millones de dólares) a distintas fundaciones, de acuerdo con una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Según la UFERCO, el expresidente Hernández se benefició con esos desembolsos al recibir para su posterior campaña electoral al menos 62 millones de lempiras (más de 2,3 millones de dólares) a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos la creación de empresas fantasmas, el uso de prestanombres y contratos ficticios.
Hernández regresó a Honduras el pasado 26 de julio, cuatro años después de que fuera extraditado y sometido a un juicio en Estados Unidos por narcotráfico.
El exgobernante, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos, retornó a Honduras tras obtener un perdón de Trump, quien argumentó su decisión en el hecho que no tuvo un juicio justo y que la acusación en su contra fue un montaje del gobierno de Joe Biden (2021-2025).
Hernández recobró su libertad el 1 de diciembre de 2025 en Estados Unidos e inmediatamente manifestó su intención de regresar a Honduras para encontrarse con su familia.
Sin embargo, el obstáculo para su regreso era una orden de captura en su contra emitida el 28 de noviembre de 2023 por un juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y que fue reactivada el 8 de diciembre de 2025, tras ser puesto en libertad.
El apoderado legal de Hernández en Honduras manifestó la intención del exmandatario de presentarse voluntariamente para enfrentar el proceso que afronta.
La solicitud fue respondida favorablemente por un juez de la Corte Suprema que ordenó suspender la orden de captura y la alerta roja internacional libradas a la Policía Internacional (Interpol), lo que le permitió regresar a su país.
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