CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía federal de México anunció el jueves la detención del exgobernador del sureño estado de Guerrero Ángel Aguirre por su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa hace casi doce años, el 26 de septiembre de 2014. La acusación es por “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, señaló que dos testimonios recabados este año indican que Aguirre no solo había solicitado a funcionarios que le entregaran los videos de unas cámaras de seguridad situadas en uno de los puntos del ataque esa fatídica noche, sino que ordenó desaparecer cualquier prueba relacionada con los hechos.
Ángel Aguirre gobernó Guerrero de 2011 hasta su renuncia en octubre de 2014, un mes después del ataque. Su arresto tuvo lugar en el Estado de México, la región que rodea a la capital mexicana.
Es el funcionario de más alto rango detenido en este caso después del exprocurador federal Jesús Murillo Karam, actualmente bajo proceso penal por desaparición forzada, obstrucción de la justicia y tortura.
La fiscal general dijo que hay elementos de prueba suficientes que acreditan "que dicha instrucción de ocultamiento (de evidencias) fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”. Agregó que, “lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”.
Godoy no explicó por qué los testimonios de una persona colaboradora y un testigo protegido, recogidos en enero y mayo de 2026 respectivamente, se lograron más de una década después de los hechos. Sólo indicó que cuando ella llegó a la fiscalía, a finales del año pasado, inició un “trabajo de reanálisis” del caso con un “nuevo modelo de investigación”.
La desaparición de los 43 jóvenes entre 17 y 25 años hace casi 12 años conmocionó dentro y fuera de México porque en ese crimen confluyeron la violencia, la corrupción y la impunidad.
Después de tres administraciones, decenas de detenidos — militares incluidos — el caso sigue sin esclarecerse y no hay ningún sentenciado por las desapariciones. Las autoridades consideran que los estudiantes fueron asesinados, pero sólo se han encontrado fragmentos óseos de tres de ellos. Y las familias de los jóvenes siguen cuestionando la voluntad de las autoridades de llegar al fondo del caso porque continúan apareciendo análisis encontrados de los hechos desde distintas agencias oficiales.
La administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) calificó el ataque como un “crimen de Estado” porque en él participaron autoridades y fuerzas de seguridad locales, estatales y federales coludidas con el crimen organizado bien durante el ataque o durante su encubrimiento, que llegó a suponer la elaboración de una verdad paralela a los hechos, según denunciaron investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los estudiantes fueron atacados en distintos puntos de la localidad de Iguala después de apoderarse de unos autobuses para trasladarse con ellos a una protesta, una práctica habitual de la escuela de maestros rurales. Aunque todavía no está totalmente claro el móvil del ataque, las investigaciones apuntan a que el detonante pudo ser que alguno de esos autobuses era utilizado por el cártel local para traficar heroína hacia Estados Unidos en complicidad con autoridades.
La noche del 26 de septiembre de 2014 hubo ataques coordinados en distintos puntos. En uno de esos lugares, el exterior del Palacio de Justicia —sede de los tribunales—, había cámaras que grabaron el momento en que las fuerzas de seguridad detenían uno de los autobuses, pero las primeras versiones oficiales aseguraron que ese material no existía.
Ahora, la fiscalía federal constata lo que investigadores de la CIDH habían denunciado hace años, que esas grabaciones se ocultaron o destruyeron para ocultar pruebas.
Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, que comenzó en octubre de 2024, la presidenta dijo que se reabrieron nuevas líneas de investigación, algunas de las cuales, según la fiscal, han llevado a la detención del exgobernador.
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