SANTIAGO (AP) — El Senado de Chile dio cuenta el martes del ingreso de forma urgente de una reforma en seguridad enviada por el presidente José Antonio Kast, inspirada en otros modelos de líderes conservadores de la región, como Donald Trump o el salvadoreño Nayib Bukele, y que contempla un nuevo estado de excepción para enfrentar al crimen organizado.
Tras el recibimiento del proyecto, que plantea ocho modificaciones a la Constitución, los parlamentarios deberán discutir las medidas dentro de un plazo de 15 días, conforme el carácter de suma urgencia invocado por el mandatario a la hora de remitir la iniciativa.
El mandatario ultraconservador llegó al poder en marzo con un fuerte discurso de tolerancia cero contra la delincuencia, el avance del crimen organizado y la inmigración irregular.
La semana pasada, el mandatario anunció un paquete de controvertidas medidas para hacer frente al crimen organizado en el marco de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Estas incluyen penas más duras a integrantes de facciones criminales, mientras que prevé la extensión de los derechos a la legitima defensa no sólo para el personal policial durante el ejercicio de sus funciones sino también para los que estén de franco.
En paralelo, adelantó una propuesta de reforma constitucional, la que finalmente fue sometida la víspera y llegó a las manos de los senadores el martes.
La seguridad, un “deber” del Estado
El proyecto, que se puede revisar en la web del Senado, busca establecer la seguridad pública como un deber del Estado y plantea ocho cambios concretos, entre ellos la implementación de regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por delitos de crimen organizado, la creación de un registro de organizaciones criminales, al tiempo en que otorga al presidente de la República el poder de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado.
Aliado político en la región de la administración de Trump, Kast ha alabado el modelo estadounidense de hacer frente a las bandas criminales transnacionales, en tanto que ha mostrado admiración por el modelo de seguridad y control penitenciario de Bukele en El Salvador, cuya megacárcel para pandilleros llegó a visitar para estudiar fórmulas de “mano dura” contra el crimen organizado y adaptarlas a la realidad de Chile.
La semana pasada, Kast encabezó un operativo de traslado de unos 300 presos considerados de alta peligrosidad a una nueva cárcel del país. Las imágenes difundidas por el gobierno mostraron a los internos apiñados en filas, con la cabeza agachada y los pies encadenados, lo que evocó escenas de El Salvador, donde Bukele ha hecho énfasis en difundir en redes sociales sus estrictas medidas de seguridad.
Ahora, el Ejecutivo promete endurecer aún más la mano. El proyecto prevé la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública, que podrá ser declarado por el presidente sin el consentimiento del Congreso ante una amenaza “grave e inminente” o una "afectación grave ya producida”.
De acuerdo con el borrador de la reforma, el estado de excepción tendría una vigencia inicial máxima de 120 días, prorrogables por otros 120. En ese escenario, el jefe de Estado también estaría facultado para “suspender o restringir la libertad personal” y los derechos de locomoción, reunión y asociación, así como interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, así como disponer la requisa de bienes.
Debate “legítimo”
La propuesta ha generado controversia y desatado críticas de la oposición, sectores ciudadanos e incluso algunas alas del oficialismo, que apuntan a lagunas jurídicas en el proyecto y han solicitado mayores precisiones y aclaraciones por parte del gobierno.
“Estamos en un escenario que entra en la raya, y probablemente la pasa, de lo que es admisible en un sistema democrático”, dijo a The Associated Press Mauricio Duce, profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontifícia Universidad Católica de Chile. "Se crearía una nueva figura que establece muy poco control democrático, enormes poderes al presidente de la República y una facultad gigantesca de restricción de derecho”.
En ese sentido, Kast reconoció que “algunos podrán molestarse” con las propuestas presentadas, pero defendió que será el Congreso el responsable de debatir y aprobar la propuesta.
“Lo que planteamos es un debate parlamentario, legítimo, donde serán los diputados, los senadores los que tendrán que determinar cuáles son las normas que necesitamos para enfrentar, por ejemplo, el crimen organizado”, dijo el mandatario en un evento el martes, mientras de forma simultánea sigue impulsando su agenda ACOT.
Chile sigue estando entre los países más seguros de América Latina, pero un incremento reciente de los secuestros, la extorsión y el narcotráfico —junto con la expansión de bandas transnacionales — ha causado hacinamiento en las prisiones del país y azuzado la ansiedad pública sobre el crimen organizado, lo que ayudó a impulsar a Kast a la victoria electoral en diciembre.
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