BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano defendió el lunes el bombardeo de la semana anterior dirigido contra campamentos de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, luego de que el instituto forense confirmara la muerte de tres menores de edad.
“Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten... a los grupos narcoterroristas”, afirmó el lunes el presidente Abelardo de la Espriella en X. “Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario”, agregó.
El conservador De la Espriella llegó al poder el 7 de agosto prometiendo mano dura contra los grupos ilegales al priorizar las operaciones militares ofensivas y cerrar las mesas de diálogo de paz que sostuvo su predecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026).
En lo que va de su gobierno, las autoridades han informado tres bombardeos. El segundo fue realizado el 27 de agosto en una zona selvática del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, en el centro-sur del país.
La operación fue dirigida contra campamentos de las disidencias de las antiguas FARC, —que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado—, que comanda Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá", uno de los más buscados del país.
Debate por las víctimas de reclutamiento
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó la víspera en un comunicado que recibió 10 cuerpos provenientes de las acciones militares realizadas en El Guaviare, tres de los cuales corresponden a menores de edad.
El Ministerio de Defensa detalló en un comunicado que se “neutralizaron 10 de sus integrantes, todos ellos combatientes”, incluyendo dos menores de 15 años y uno de 16 años; mientras que capturaron un adulto y recuperaron un menor con vida.
“La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución", aseguró el Ministerio de Defensa, al tiempo que rechazó la “aberrante práctica” del reclutamiento forzado por ser un “crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”.
El primer bombardeo ocurrió el 11 de agosto contra un campamento de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, y fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos por presuntamente afectar a civiles.
Un tercer bombardeo fue informado el lunes por De la Espriella, quien indicó en X que murieron ocho presuntos integrantes de las disidencias dirigidas por Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, en Guaviare. El mandatario no detalló si entre los muertos hay menores de edad.
El debate sobre los menores de edad reclutados en Colombia se ha sostenido a través de los años. El gobierno de Petro también fue cuestionado por ordenar bombardeos en los que murieron menores.
Verónica Estrada, congresista del opositor Pacto Histórico, reclamó al gobierno explicaciones sobre el bombardeo, como la información de inteligencia militar sobre la posible presencia de menores, la evaluación previa para autorizar el ataque y las medidas que se adoptaron para proteger sus vidas. “Los niños reclutados no dejan de ser víctimas porque un grupo armado los haya llevado a la guerra forzosamente”, indicó en X.
La Defensoría del Pueblo ha pedido tomar precauciones para proteger a niños y adolescentes reclutados.
Al menos 97 menores han sido reclutados forzadamente entre enero y julio, según datos divulgados el lunes por esa defensoría, especialmente en departamentos como Cauca y Nariño, en el suroeste, y Norte de Santander, en el noreste.
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