LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Rodrigo Paz decretó la intervención por hasta 180 días de la petrolera estatal con el fin de mejorar el control, la importación y distribución de combustible en medio de las protestas por la escasez de diésel que desafían el estado de excepción vigente en el país.
El decreto publicado el miércoles establece que diferentes ministerios se dedicarán a “elaborar un análisis de la cadena logística de importación y distribución de carburantes, establecimiento de volúmenes para las estaciones de servicio y otras modalidades de venta”.
La intervención se produce en medio de cuestionamientos por el contrabando de combustibles debido a que en la nación andina hay un precio diferenciado del diésel para los grandes compradores, que cuesta casi un 84% más que para los demás consumidores.
El gobierno identificó como una de las razones primordiales de la escasez de diésel a “mafias” que operan dentro de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en una agencia que realiza los controles.
“Tenemos que sacar este cáncer que tiene YPFB. Hay un cáncer que hay que extirparlo”, señaló el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en conferencia de prensa.
Agregó que “el objeto es de que YPFB haga lo que tiene que hacer, dedicarse a la exploración y explotación de hidrocarburos y que salga de la comercialización porque ahí está el problema”.
Mientras tanto continúan formándose largas filas para comprar combustible sobre todo en Santa Cruz, la región productora de alimentos. Paralelamente se registran al menos cuatro cortes de rutas en contra de la suba del diésel que afectan el tránsito en carreteras al oriente y una que conecta con el centro de Bolivia.
En marzo la petrolera fue cuestionada por la distribución de combustible de mala calidad que dañó varios automóviles. El Estado estableció una compensación para los transportistas afectados.
Bolivia importa un 80% del diésel y casi un 50% de la gasolina que consume.
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