LA PAZ, Bolivia (AP) — El parlamento boliviano aprobó el viernes un crédito por 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI ) destinado a recuperar la deteriorada economía de Bolivia y cuyas condiciones, como la suspensión total del subsidio a los combustibles y recortes en el gasto, han puesto en alerta a sindicatos que amenazan con reactivar protestas.
La aprobación del crédito se da un día después de que el Legislativo votara a favor de ampliar por 90 días el estado de excepción que el presidente centroderechista Rodrigo Paz declaró tras las duras protestas de 53 días entre junio y julio que paralizaron gran parte del país andino en demanda de la renuncia del mandatario.
Es el crédito más alto concedido a Bolivia por el FMI en los últimos años y ayudará a “blindar nuestras reservas y estabilizar la economía”, dijo Paz en su red social X tras la aprobación.
También viabilizarán “otros créditos por unos 5.000 millones de dólares que estará destinados a inversiones, infraestructura y educación”, dijo, por su parte, en la sesión del Senado el ministro de Economía, Christian Morales.
La Central Obrera Boliviana (COB) y otros sindicatos han rechazado el endeudamiento externo por su impacto directo en la economía del país y han advertido que las exigencias del FMI tendrán efecto en la inflación que el año pasado cerró en 20% y en la economía de las familias.
A pesar de que Paz no tiene una mayoría legislativa sólida, el crédito ha sido aprobado por legisladores de centro y de derecha que dominan las dos cámaras frente a solo 10 diputados de 130 de la izquierda, que gobernó por casi 20 años con Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Paz heredó una serie de problemas acumulados durante los gobiernos anteriores, entre ellos el deterioro de la producción de gas natural, la reducción de la generación de divisas, las dificultades para importar productos, la inflación y el creciente malestar social.
La escasez de combustibles que el país importa para vender a precio subvencionado es crónica y está disparando el malestar social. La subvención significa una sangría de las finanzas públicas y es una de las causas de la peor crisis que vive el país en 40 años, según los expertos.
El mandatario anunció que la subvención será derogada definitivamente en enero del próximo año. Los transportistas y otros sindicatos anticiparon su rechazo ante el impacto social de la medida.
“Se están cerrando acuerdos trascendentales para Bolivia”, dijo el mandatario el viernes y agregó que su gobierno “tomará decisiones. Algunas serán difíciles porque los precios internacionales nos están obligando a decisiones complejas”.
Dijo que el dinero destinado a subvenciones será destinado a exploración y producción de hidrocarburos.
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