LA PAZ (AP) — El Parlamento aprobó el viernes un crédito del FMI por 1.900 millones de dólares para recuperar la deteriorada economía de Bolivia, el cual conlleva la suspensión total del subsidio a los combustibles y recortes al gasto público. Por la noche, el presidente Rodrigo Paz anunció la eliminación total de la subvención al diésel, cuyo precio fluctuará según el mercado internacional.
La gasolina seguirá subsidiada hasta fin de año, según un decreto anterior, y dejará de estarlo definitivamente en enero del año próximo.
En un mensaje al país, el mandatario centroderechista explicó que el gobierno gasta semanalmente 55 millones de dólares en el subsidio a los combustibles, lo cual es insostenible para la economía. Anunció también que el gobierno compensará a las familias de menores ingresos con un bono, créditos para la vivienda, reprogramación de deudas tributarias y la eliminación de gravámenes para la importación de maquinaria y equipos para los gremios y la industria.
“Es la decisión más responsable con el país. Subsidio o futuro. Hay que tomar medidas, por muy duras que sean”, manifestó Paz en su mensaje, difundido en la televisora estatal.
“Se están cerrando acuerdos trascendentales para Bolivia”, había declarado previamente el mismo día, y agregó que su gobierno “tomará decisiones. Algunas serán difíciles porque los precios internacionales nos están obligando a decisiones complejas”.
Dijo que el dinero destinado a las subvenciones se asignará a la exploración y producción de hidrocarburos.
Su gobierno ya había anunciado un alza en el precio del diésel para grandes consumidores a mediados de agosto, pero la medida no mejoró el abastecimiento de ese carburante, que se ha convertido en el más escaso y ello ha afectado gravemente la producción agropecuaria. Los transportistas deben hacer fila hasta por tres días para abastecerse.
A pesar de que Paz no tiene una mayoría legislativa sólida, el crédito fue aprobado por legisladores de centro y de derecha, que dominan las dos cámaras. La izquierda gobernó el país durante casi 20 años, con los presidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Por su parte, el ministro de Economía, Christian Morales, dijo en la sesión del Senado que también se viabilizarán “otros créditos por unos 5.000 millones de dólares, que estarán destinados a inversiones, infraestructura y educación”.
La aprobación se da un día después de que el poder legislativo votara a favor de ampliar por 90 días el estado de excepción, establecido por Paz tras las duras protestas de 53 días que paralizaron gran parte del país andino entre junio y julio, y en las que se pedía la renuncia del mandatario.
Es el crédito más alto concedido a Bolivia por el Fondo Monetario Internacional en los últimos años y ayudará a “blindar nuestras reservas y estabilizar la economía”, declaró Paz previamente en la red social X tras la aprobación.
Las exigencias del FMI han puesto en alerta a los sindicatos, que no se han pronunciado sobre la nueva medida de Paz, pero anticiparon su rechazo a cualquier incremento de precios y amenazan con reactivar las protestas.
La escasez de diésel es más grave que la de la gasolina, ya que el país debe importar casi el 85% de lo que se consume, mientras que la importación de la gasolina ronda el 55% del consumo interno. Los dos carburantes son escasos. El contrabando, la corrupción y el mercado negro agravaron más la situación, ya que buena parte del combustible subsidiado se desvía a dicho mercado, donde se vende a mayor precio o sale del país, según las autoridades.
La Central Obrera Boliviana (COB) y otros sindicatos han rechazado el endeudamiento externo por su impacto directo en la economía del país, y han advertido que las exigencias del FMI tendrán efecto en la inflación —que el año pasado cerró en 20%— y en la economía de las familias.
Paz heredó una serie de problemas acumulados durante los gobiernos anteriores, entre ellos el deterioro de la producción de gas natural, la reducción de la generación de divisas, las dificultades para importar productos, la inflación y el creciente malestar social.
La escasez de combustibles que el país importa para vender a precio subvencionado es crónica y está disparando el malestar social. La subvención significa una sangría de las finanzas públicas y es una de las causas de la peor crisis que vive el país en 40 años, según expertos.
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