BOGOTÁ (AP) — Carlos Carreño Marín camina por las calles de Bogotá en busca de votos para conservar su escaño en la Cámara de Representantes por el partido Comunes, surgido del acuerdo de paz que firmó hace una década la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Al pasar por un puesto de frutas y verduras de un mercado entrega un volante a una vendedora en el que invita a votar “por una Bogotá Común” y se presenta como “Sergio Marín”, el nombre que usó en la clandestinidad durante las dos décadas que perteneció a las FARC.
La vendedora puede ser una potencial votante y Marín necesita miles en las legislativas del próximo 8 de marzo no sólo para continuar en el Congreso sino para garantizar el futuro de Comunes, un partido minoritario que lidia con el estigma de cinco décadas de conflicto armado con el Estado.
Marín ocupa desde 2018 una de las 10 curules en el Congreso que les otorgó el acuerdo de paz por dos periodos legislativos —cada uno de cuatro años— como una forma de garantizar su participación política al dejar las armas. Por primera vez desde entonces, compite en igualdad de condiciones con los demás partidos.
“La política en Colombia es muy compleja, está basada en el dinero... es una lucha intensa contra partidos que llevan dos siglos en estas lides y además dos siglos gobernando”, aseguró Marín, de 48 años, a The Associated Press.
Las votaciones obtenidas por Comunes han sido bajas en el Congreso. En 2018 reunieron cerca de 89.300 votos y en 2022 disminuyeron a 50.100, mientras partidos tradicionales alcanzaron un millón de votos o más.
En la actual campaña Comunes se unió al movimiento de izquierda Fuerza Ciudadana y a otros movimientos sindicales y sociales buscando aumentar las posibilidades de ganar alguno de los 102 curules del Senado y 183 de la Cámara de Representantes.
Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Comunes enfrenta un reto muy difícil porque para conservar su personería jurídica, un estatus que le otorga la autoridad electoral y que le permite inscribir candidatos y obtener financiación, requiere una votación no inferior al 3% de los votos válidos emitidos. En la elección de 2022 el umbral fue de 509.700 votos.
El lastre de la guerra
Tras conformarse en 2017, Comunes ha logrado mantenerse como partido de izquierda, pero aún lucha por un amplio respaldo en la opinión pública.
“Para tener incidencia política en cualquier democracia hay que tener votos, hay que tener el apoyo del pueblo y ellos (Comunes) no lo han logrado del todo”, aseguró Basset a la AP. “El estigma (por la guerra) es algo que sigue, obviamente, y para muchos colombianos es muy difícil perdonar ese pasado”, explicó.
En cinco décadas de conflicto las antiguas FARC fueron responsables de más de 96.900 homicidios, 29.410 desapariciones y más de 20.200 secuestros, según la Comisión de la Verdad, un órgano extrajudicial creado por el acuerdo de paz para esclarecer los hechos del conflicto.
Casi 10.000 exguerrilleros responden por crímenes de guerra y lesa humanidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal de justicia transicional que les da sanciones sin cárcel a cambio de contribuir con la verdad y reparar a las víctimas. También comparecen exmilitares y algunos civiles.
Marín, quien resalta que como exFARC responden al tribunal y han pedido perdón a las víctimas, cree que el estigma ha disminuido porque pueden hacer “actividad política de manera totalmente abierta”, pero considera que hay fuerzas políticas de derecha que son “enemigos” del acuerdo de paz y de Comunes, por lo que tratan de “revivir un discurso de época pasada, de época de guerra”.
Aunque el acuerdo de paz con las FARC ha tenido un amplio apoyo de la comunidad internacional, en el interior del país causó división y críticas entre quienes consideran que no debieron tener representación política.
El futuro del acuerdo de paz
Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo a la AP que es “crucial” que para seguir con la implementación del acuerdo de paz los excombatientes tengan una voz política, porque la otra opción “es un retroceso, un retorno a las armas”.
Aunque la mayoría de los 13.000 exguerrilleros de las FARC que firmaron el acuerdo continúan en la vida civil, una minoría retomó las armas y se organizó en disidencias.
Marín, quien participó en las negociaciones de paz en La Habana, asegura que no volverá a las armas, incluso si no logra un escaño en el Congreso y pese a tener amenazas en su contra, las cuales toma en serio porque desde 2016 han sido asesinados 487 firmantes de paz.
“Yo no veo futuro alguno en la Colombia de hoy de lograr transformaciones por la vía armada”, dijo Marín. “Independiente del resultado final (en las elecciones), el partido no va a abandonar la lucha por la paz y la justicia social en este país”, agregó.
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