CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Rubén Rocha Moya, un político de 76 años, del partido oficialista Morena, no solo ha sido uno de los gobernadores más incómodos para la presidenta mexicana, sino que al convertirse el miércoles en el primer gobernador en activo acusado formalmente por la administración de Donald Trump de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, ha colocado a la mandataria en una complicada situación: elegir entre su partido o las relaciones con Estados Unidos.

Profesor de carrera, ex rector de la universidad de Sinaloa y aspirante dos veces a la gobernatura de su estado, fue un aliado histórico del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y senador de la República antes de asumir como gobernador de Sinaloa a finales de 2021, el estado del Pacífico norte mexicano cuna de los principales narcotraficantes de la historia de México y bastión de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, considerada terrorista por el gobierno de Trump.

Rocha fue un firme defensor de la estrategia de “Abrazos, no balazos” ideada por López Obrador con el argumento de que había que atajar las causas de la violencia, una política muy criticada por todos los analistas por no combatir a los cárteles y que les permitió expandir su control territorial en muchas zonas del país.

Sus posibles acercamientos con miembros del Cártel de Sinaloa le persiguieron siempre en parte porque Rocha es de Badiraguato, en el mismo municipio donde nació Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y es casi de la misma generación que los dos fundadores del cártel, Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos actualmente en prisiones estadounidenses.

El gobernador también acompañó al expresidente en polémicas visitas como cuando saludó a la madre de “El Chapo”.

Según la acusación estadounidense, los “Chapitos” — hijos de Guzmán Loera y los narcotraficantes más buscados por Washington en estos momentos—- presuntamente le ayudaron a ganar las elecciones que le llevaron al poder, algo que él ha negado.

Pero su mayor escándalo se desencadenó en julio de 2024 tras la detención de Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, después de llegar a Estados Unidos en un avión privado, hecho que reavivó las sospechas de los contactos de los narcos con políticos del estado.

Zambada dijo en una carta que fue engañado por Guzmán López para acudir a una reunión en la que supuestamente iba a estar un político local y el gobernador Rocha para “ayudar a resolver diferencias" entre ellos.

Rocha negó cualquier conocimiento de esa cita y, en una extraña expresión de teatro político, publicó el plan de vuelo de un avión que, según él, lo llevó fuera del estado aquel día a pasar unas vacaciones familiares en California.

La supuesta trampa contra Zambada acabó con el capo secuestrado por Guzmán López en un operativo de película, el político local (rival de Rocha) asesinado, la fiscalía federal acusando a funcionarios estatales de encubrir ese crimen y con una crisis abierta entre México y Estados Unidos por una posible intervención estadounidense en la acción, aunque Washington siempre la negó.

Además, los arrestos detonaron una sangrienta guerra en el interior del Cártel — entre los Chapitos y los seguidores de “El Mayo”— que todavía no cesa y cuya violencia, minimizada tanto por Rocha como por López Obrador, fue el regalo envenenado que recibió Sheinbaum al llegar al poder en octubre de 2024.

Desde entonces la mandataria mantuvo el apoyo a Rocha, pero fue el gobierno federal quien recomendó a los dos últimos secretarios de seguridad —ambos militares— a la vez que se incrementaba sustancialmente las detenciones y los decomisos de armas y drogas bajo la coordinación del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Poco después de conocerse las acusaciones estadounidenses, Rocha las negó tajantemente, diciendo que se inscribían en una estrategia contra Morena y que no había evidencias para probarlas. Más tarde, al ser preguntado por la prensa dentro del vehículo en el que viajaba y con cara seria, dijo que se encontraba tranquilo, que no saldrá de Sinaloa aunque no ha recibido ninguna notificación formal en su contra y que ya habló con la presidenta, aunque no dio más detalles de esa conversación.

Horas después, al ser preguntado por la prensa dentro del vehículo en el que viajaba, dijo que no saldrá de Sinaloa y que ya habló con la presidenta.

Qué hará Sheinbaum ahora es la principal incógnita. “¿Tomará medidas para detener al gobernador.... e intentar extraditarlo a Estados Unidos?”, se preguntaba Vanda Felbab-Brown, especialista en crimen organizado de la Brookings Institution.

“Si no lo hace, complicará enormemente las relaciones con Estados Unidos, incluso en lo que respecta a las renegociaciones del T-MEC”, el tratado de libre comercio norteamericano ahora en revisión. “Pero si lo hace —agregó — tendrá enormes consecuencias para ella políticamente" de cara a las elecciones intermedias mexicanas de 2027.

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