LA PAZ, Bolivia (AP) — Un día después de que el Legislativo sancionara una ley que reglamenta el estado de excepción, el presidente Rodrigo Paz todavía no ha puesto en vigor esa medida para frenar la ola de protestas que mantiene paralizadas varias regiones de Bolivia desde hace más de un mes.
Paz promulgó el lunes la ley que reglamenta el estado de excepción, pero no dijo si la pondrá en vigor mediante un decreto.
“Voy a gobernar hasta 2030, la ley es para proteger a las mayorías del narcoterrorismo que está instigando las protestas. A las organizaciones sociales que tienen justas demandas les extiendo la mano y les reitero la voluntad de diálogo”, señaló el mandatario de perfil conservador en presencia de ministros, jefes militares y policiales.
La Constitución permite al Ejecutivo declarar el estado de excepción por conmoción interna en todo o en parte del territorio, “sin suspender las garantías ni los derechos fundamentales”. La ley reglamentaria aprobada la víspera obliga al presidente a promulgar un decreto específico para declarar el estado de excepción detallando el alcance territorial y la duración de la medida.
El uso de la fuerza debe ser “proporcional, diferenciado y estrictamente necesario", de acuerdo con la norma.
Asimismo Paz anunció una reprogramación de créditos para todos los sectores afectados por las protestas.
Hasta ahora, los llamados de Paz al diálogo y a la apertura de “corredores humanitarios” para abastecer a La Paz ante la grave escasez de alimentos y combustible no han logrado desactivar la protesta y los bloqueos carreteros mantienen aislada a la capital desde hace 38 días.
Para el lunes ya hay anunciadas marchas al centro de la ciudad.
El mandatario dio la orden a las fuerzas de seguridad de que no usen armamento ante la posibilidad de que se produzcan incidentes que agravarían el conflicto. Por su parte, los sindicatos movilizados —que comenzaron las protestas reclamando mejoras salariales— mantienen su negativa a negociar otra salida que no sea la dimisión del presidente.
Sectores empresariales y políticos demandan que se aplique el estado de excepción para frenar las protestas que han dejado 10 fallecidos, la mayoría por falta de auxilio médico, 37 heridos y 365 detenidos, según el Defensor del Pueblo.
Los empresarios han reportado pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares y cientos de camiones atrapados en las rutas.
El sábado el conflicto escaló con violentos choques y ataques armados a las fuerzas del orden que con equipos antimotines buscaron despejar una estratégica carretera en el oriente tomada por simpatizantes del expresidente Evo Morales (2006-2019).
Un total de 26 civiles y seis policías resultaron heridos, cuatro por impactos de bala, y una comisaría fue saqueada.
La policía informó de la incautación de dinero y explosivos y algunos cabecillas de la protesta fueron detenidos.
La Central Obrera Boliviana (COB) y el mayor sindicato rural, los principales promotores de las manifestaciones, exigieron en comunicados públicos la liberación de los detenidos y la dimisión de Paz.
Paz asumió en noviembre después de casi 20 años de gobiernos de izquierda y en medio de una profunda crisis económica.
Las protestas iniciaron en mayo lideradas por la COB y se sumaron sindicatos campesinos, juntas vecinales de la ciudad de El Alto y seguidores de Morales.
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