LA PAZ, Bolivia (AP) — Una marcha masiva de sindicalistas, campesinos e indígenas reactivó el miércoles las protestas que se prolongan desde hace más de un mes en reclamo de la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz y que han ocasionado el desabastecimiento de combustible y alimentos.
“El pueblo ya ha decidido, hermanos. Ese es el clamor del pueblo; al presidente le quedan dos caminos: la renuncia voluntaria o la convulsión”, dijo el dirigente campesino Vicente Salazar a los medios. Sus declaraciones se dieron en medio de la marcha que partió desde la vecina ciudad de El Alto hacia el centro de La Paz, donde se concentran los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La policía reforzó la seguridad en los accesos a la plaza central donde se encuentra el Palacio de Gobierno.
Las protestas cumplen 40 días. Los cortes de ruta han afectado principalmente a La Paz y El Alto dejándolas con escasez de oxígeno medicinal, alimentos y otros productos. En medio de los bloqueos se reportaron 10 fallecidos, según un informe de la Defensoría del Pueblo que comprende el periodo que va de inicios de mayo al 2 de junio.
Los bloqueos se extendieron a seis de las nueve regiones del país, aunque en los últimos días se redujeron de 95 puntos a 85, según la Administradora Boliviana de Caminos (ABC).
Los sindicatos de obreros de distintos gremios y campesinos se quejan de que el gobierno no atendió a tiempo sus demandas salariales, exigen que se garantice la calidad a la gasolina y que cese la detención de sus dirigentes, entre otras demandas.
La protesta del miércoles se reforzó con la llegada de indígenas quechuas de la sureña región de Potosí —quienes portaban palos— y campesinos de Cochabamba, en el centro del país, todos ellos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), a quien el gobierno acusa de promover las movilizaciones.
Paralelamente, Paz firmó un acuerdo con el alcalde de El Alto, Elieser Roca, para la construcción de carreteras y otras obras. Durante su discurso, el mandatario señaló que aparecieron “personajes” ajenos a El Alto “que obligan o se quedan a bloquear perjudicando el desarrollo”. Asimismo, manifestó que estos sectores “quieren imponer una visión política que solo satisface los intereses tanto de la extrema izquierda en Bolivia como de la extrema derecha”, sin identificarlos directamente.
“Hay un desgaste; están trayendo gente más radicalizada para levantar las protestas que se están diluyendo”, afirmó la diputada Cecilia Requena, de la alianza Unidad.
Mientras tanto, las presiones hacia Paz aumentan para que logre a una solución y también los pedidos para que declare un estado de excepción. Los sindicatos manifestaron su enérgico rechazo a esa última medida.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, adelantó que su aplicación “será tratada en el momento en que corresponda tratarse” y acotó que el gobierno agotará primero las vías del diálogo.
Salazar afirmó que el Ejecutivo está cometiendo el error de entablar contacto únicamente con dirigentes no reconocidos por las bases de movilizados.
Por su parte, los sectores productivos señalan que las pérdidas económicas por los bloqueos y protestas ya ascienden a 2.000 millones de dólares.
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