SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — La madre de una adolescente que murió después de que varios médicos de República Dominicana retrasaran su tratamiento contra el cáncer porque estaba embarazada está impugnando la estricta prohibición del aborto en el país.
Grupos de la sociedad civil, entre los que está una organización cristiana, se sumaron a la impugnación y argumentaron que la prohibición vulnera los derechos a la vida, la salud, la dignidad y la igualdad, y que esas protecciones deberían extenderse a niñas y mujeres embarazadas.
La impugnación se presentó el miércoles ante el Tribunal Constitucional del país.
República Dominicana tiene una de las prohibiciones del aborto más estrictas de la región, al penalizarlo sin excepciones y sin importar las circunstancias. Las mujeres enfrentan hasta dos años de prisión por practicarse un aborto, mientras que médicos o parteras podrían enfrentar de cinco a 20 años.
“Mi hija murió porque se le negó la atención médica que necesitaba. Ninguna otra madre debería tener que pasar por esto”, manifestó Rosa Herminia Hernández en un comunicado.
Rosaura Almonte murió en 2012 por leucemia cuando tenía tres semanas de embarazo. Tenía 16 años, según documentos judiciales.
La impugnación busca que se permita el aborto en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de una mujer o una niña esté en peligro, o cuando un feto presente anomalías mortales.
“Esta acción busca algo muy simple: que ninguna mujer o niña tenga que elegir entre su vida, su salud y la ley”, señaló en un comunicado la abogada Patricia Santana Nina.
Según datos del gobierno, en el sector público de salud se registraron al menos 67.455 abortos desde 2019 hasta finales de 2024. La cifra no diferencia entre abortos espontáneos e inducidos.
Mientras tanto, desde junio de 2017 hasta octubre de 2022, los fiscales presentaron 62 causas penales por aborto y 16 por intento de aborto. La Procuraduría General de la República dejó de publicar esos datos desde noviembre de 2022.
“¿Es legitimo mantener una amenaza penal permanente sobre mujeres en situaciones de emergencia médica únicamente para expresar legalmente una postura moral?”, se indica en la impugnación presentada el miércoles.
En 2023, una mujer con tres hijos, uno de los cuales era producto de una violación, tuvo un aborto incompleto y espontáneo mientras estaba embarazada, se indica en la impugnación, donde también se señala que las autoridades la detuvieron durante 10 días en condiciones inhumanas pese a su estado, y se añade que no recibió atención médica adecuada.
“La mujer acudió a un centro de salud en busca de atención y terminó privada de libertad”, indicó.
Activistas de derechos humanos afirman que a menudo son los propios proveedores de salud quienes denuncian a las mujeres ante las autoridades.
No hay estadísticas confiables sobre cuántas mujeres en República Dominicana han muerto durante o después de un aborto clandestino.
En 2024, al menos 585 niñas de 11 a 14 años se convirtieron en madres, según datos del gobierno. Mientras tanto, se reportaron al menos 681 violaciones de enero a julio de 2025, y activistas señalan que los casos no denunciados son mucho más numerosos.
En la impugnación se indica que la prohibición agrava las desigualdades existentes: las mujeres con recursos pueden buscar atención médica privada dentro o fuera del país, mientras que quienes viven en la pobreza enfrentan mayores riesgos para la salud y están más expuestas a procesos penales.
“Las mujeres perseguidas comparten con frecuencia condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, precariedad laboral, bajo nivel educativo o condición migratoria”, se lee en la impugnación.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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