MIAMI. — Este viernes, más de 300,000 haitianos que viven legalmente en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) pasarán a ser deportables y perderán sus permisos de trabajo tras la decisión de la Corte Suprema del mes pasado que otorga a la administración del presidente Trump la autoridad final para poner fin al TPS.
“Tengo muchos miembros de mi congregación que se verán directamente afectados por una decisión tan cruel”, dijo el pastor Joanem “FanFan” Floreal, de la Iglesia Comunitaria Shalom, en el sur de Florida.
La decisión pone en riesgo industrias enteras del sur de Florida, como la atención médica y la hospitalidad.
“Haití está a una hora y 10 minutos de aquí. No podemos ir a Puerto Príncipe. Me encantaría ir a Haití y hacerlo grande otra vez para poder quedarme en casa”, dijo Maggie Bellabe, residente del sur de Florida.
La ex directora ejecutiva de Sant La, Gepsie Mettellus, habló con Local 10 en noviembre cuando la administración del presidente Trump mencionó poner fin al TPS para los ciudadanos haitianos.
“Tengo que convertir esta indignación, esta rabia, en acción”, dijo Mettellus.
La acción consiste en llamar a los legisladores para que copatrocinen el Proyecto de Ley del Senado 4814, que extendería el TPS por tres años más.
“Creo que ya tenemos unos 20 senadores que han copatrocinado la legislación y estamos esperando llegar a 60”, dijo Mettellus.
La Asociación de Restaurantes de Florida copatrocinó una carta dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, junto con una docena de grupos de todo el país, solicitando orientación y protecciones para trabajadores con autorización legal y muchos años de servicio que son fundamentales para sus operaciones.
La representante estatal de Florida Marie Woodson está entre los legisladores que intentan recurrir a la única opción que queda: dialogar con los legisladores.
“He hablado con muchísimas personas y la frustración es muy grande, el miedo es muy intenso”, dijo. “Algunos dicen que lo están intentando, pero no he obtenido ningún resultado concreto”.
“La realidad es que no vamos a poder reemplazar esa fuerza laboral mañana, ni el próximo mes, ni el próximo año”, dijo Mettellus.
Los abogados dicen que es momento de que las personas llamen a sus abogados de inmigración.
“Lo segundo que deben hacer es consultar con un abogado especializado en planificación patrimonial”, dijo el abogado de inmigración Frandley Julien. “No vamos a mentirle a la comunidad. Las personas serán deportadas si nada cambia”.
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