CARACAS (AP) — La jueza venezolana María Lourdes Afiuni, cuya detención fue condenada internacionalmente, recibió el viernes la notificación de libertad plena luego de una larga espera y una sentencia cumplida hace casi siete años, informaron sus familiares.
La familia de la jueza “recibe con satisfacción la decisión que pone fin de manera definitiva el proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir”, dijeron en un comunicado conjunto su hermano Nelson Afiuni y la abogada Thelma Fernández.
“Este desenlace representa el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y el debido proceso”, resaltó el escrito.
Afiuni fue apresada el 10 de diciembre de 2009 por ordenar la libertad provisional del exbanquero Eligio Cedeño, quien había estado encarcelado por casi tres años a la espera de un juicio por la entrega irregular de dólares a una empresa de computación. Horas después de la sentencia Cedeño huyó del país.
El caso de la jueza alcanzó notoriedad luego de que el entonces presidente Hugo Chávez acusó en televisión a Afiuni de corrupción.
En 2013 Afiuni recibió medidas cautelares para poder ser atendida por problemas de salud, sin embargo, tenía prohibido salir del país y debía presentarse cada dos meses en los tribunales.
En marzo de 2019, luego de un retardo procesal que se extendió por más de una década, un tribunal condenó a Afiuni a cinco años de prisión por corrupción. Entonces se esperaba que fuese liberada puesto que ya había estado en prisión más del doble de ese tiempo, pero la orden de excarcelación nunca llegó.
La notificación de la libertad de Afiuni se produjo un día después de que delegaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela y exlegisladores de la oposición instalaron formalmente conversaciones sobre una agenda conjunta para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales tras casi tres décadas de gobiernos socialistas.
El nuevo ciclo de conversaciones, que cuenta con la mediación de Estados Unidos, está encabezado por miembros de la actual Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, y un grupo de exlegisladores opositores que en su momento intentaron destituir al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.
El proceso contra la jueza fue condenado por varias instancias internacionales y organizaciones de derechos humanos.
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