CIUDAD DE MÉXICO. — El Congreso del estado mexicano de Sinaloa eligió el martes a una diputada oficialista como gobernadora en reemplazo de Rubén Rocha Moya, quien se separó del cargo el pasado fin de semana luego de críticas por haber retornado a sus funciones pese a la investigación que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El partido gobernante Morena impuso su mayoría para nombrar a la diputada federal Graciela Domínguez Nava como la nueva gobernadora interina de Sinaloa en un intento por aplacar las tensiones políticas que surgieron en el violento estado norteño tras la salida del oficialista Rocha Moya.
Domínguez Nava es diputada federal de Morena por Sinaloa y ocupó entre 2021 y 2024 la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado durante la administración de Rocha Moya. La política, de 49 años, deberá dirigir el estado hasta el año próximo cuando habrá elecciones regionales en 17 estados, entre ellos Sinaloa.
Rocha Moya retornó el pasado viernes a la gobernación de Sinaloa tras pedir un permiso temporal de casi cuatro meses luego de que la Fiscalía General de México le abrió una investigación a él y a otros nueve funcionarios activos y retirados acusados de narcotráfico en Estados Unidos, que pidió su detención con fines de extradición.
El regreso del político al cargo desató una lluvia de críticas de opositores y compañeros de partido, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró su decisión “imprudente” y dijo en su cuenta de X que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación”.
En medio de los cuestionamientos, el dirigente oficialista, de 77 años, anunció el sábado su separación indefinida del cargo.
La fiscalía de Nueva York hizo pública a fines de abril una acusación por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos entre los que se incluyen el alcalde de la ciudad de Culiacán —que también se separó temporalmente del cargo—, un senador oficialista, un fiscal y el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien semanas después se entregó a las autoridades estadounidenses.
En la acusación se señaló a los 10 funcionarios mexicanos de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
La Fiscalía General de México refutó la solicitud de detención de los 10 funcionarios y pidió a Estados Unidos la entrega de pruebas, que hasta el momento no se ha concretado.
Sinaloa está sumida en una espiral de violencia desde septiembre de 2024 a consecuencia de la encarnizada lucha que mantienen dos facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado centenares de muertos y desaparecidos.
La pugna surgió a raíz de la detención y traslado a Estados Unidos en julio de ese año del histórico capo Ismael “El Mayo” Zambada, quien acusó a Joaquín Guzmán López, hijo del capo encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, de secuestrarlo para entregarlo a las autoridades estadounidenses.
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