TEGUCIGALPA (AP) — Un juez hondureño dictó el martes sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el marco de un proceso en el que enfrentaba cargos por presunto fraude y lavado de dinero.
Hernández regresó el 26 de julio al país centroamericano cuatro años después de haber sido extraditado a Estados Unidos para que enfrentara cargos por narcotráfico. En junio de 2024 fue sentenciado a 45 años de cárcel en ese país por ayudar al narco, pero el presidente Donald Trump lo indultó en noviembre y recobró la libertad.
“En resolución de Audiencia Inicial, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó Sobreseimiento Definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado”, informó el Poder Judicial hondureño en su cuenta de X.
Según ese poder del Estado, la resolución se debe a que la prueba evacuada en la audiencia “no determinó participación del imputado en los hechos investigados”, por lo cual desestimó el caso.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, comentó en rueda de prensa que el martes se le extendió la carta de libertad al expresidente, tras el fallo del juez. Dijo que las partes del proceso que no estén de acuerdo con la resolución podrán interponer el recurso de apelación correspondiente.
La fiscalía hondureña había pedido al juez que admitiera las pruebas y declarara el auto de formal procesamiento contra el exmandatario, pero su solicitud fue rechazada.
En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrolló la audiencia, un grupo de seguidores de Hernández llegó para mostrarle su respaldo, como sucedió durante el corto proceso.
“Hoy (martes) se cierra este capítulo de persecución política, cerramos el de Estados Unidos, se está cerrando este”, expresó el expresidente al salir de la audiencia ante sus seguidores.
En su criterio está claro el fallo, porque según él no había sustento de la fiscalía en las acusaciones y los testigos del Ministerio Público tampoco pudieron relacionarlo, agregó, con las acusaciones de fraude y lavado de activos.
El exgobernante se puso a disposición de la justicia el 3 de agosto. En una audiencia de imputación se le dictó medidas distintas a la prisión, aunque se le prohibió salir del país.
Hernández, considerado en su momento un aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, gobernó Honduras desde 2014 hasta 2022, periodo durante el cual se jactó de que “les metería las drogas por la nariz a los gringos”, según los fiscales estadounidenses.
Su extradición poco después de dejar el cargo representó una rara oportunidad de justicia para los hondureños, quienes temían que su control sobre el sistema judicial del país nunca permitiera una condena en suelo hondureño.
Hernández, de 57 años, enfrentaba cargos relacionados con un caso conocido como Pandora II, que alega que una red de ex altos funcionarios participó entre 2010 y 2013 en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por un total de más de 288 millones de lempiras (10,8 millones de dólares) a diversas fundaciones, según una investigación de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) del país.
Según la UFERCO, el expresidente se benefició con esos desembolsos al recibir para su campaña política al menos 62 millones de lempiras (más de 2,3 millones de dólares) a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos la creación de empresas fantasmas, el uso prestanombres y contratos ficticios.
“Luego de la valoración de la prueba por los delitos de fraude y lavado de activos, el juez determinó que no existió la trazabilidad correspondiente acerca del dinero que supuestamente salió para campaña política”, señaló Silva, el portavoz de la Corte Suprema.
Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.