El intento de Nueva York de obligar a las industrias productoras de combustibles fósiles a aportar a un fondo de 75.000 millones de dólares para reparar los daños causados por el cambio climático fue anulado por una jueza federal, quien sostuvo que la amplia ley va más allá de la responsabilidad de un estado y se adentra en un ámbito de interés federal.
La ley, firmada en 2024 por la gobernadora demócrata Kathy Hochul, fue impugnada ante los tribunales por una variedad de intereses vinculados a los combustibles fósiles, asociaciones empresariales —incluida la Cámara de Comercio de Estados Unidos—, 22 fiscales generales estatales republicanos y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
La jueza de distrito Brenda Sannes resolvió el lunes que la ley climática del estado operaba en un terreno regido por la legislación federal desde hace más de un siglo y buscaba indemnizaciones por el impacto acumulado de conductas que han ocurrido prácticamente en todas partes de la Tierra.
Eso, escribió, entra en conflicto con la necesidad de una política nacional uniforme en materia de energía y medio ambiente, y además no está autorizado por la Ley de Aire Limpio federal, que designa a la agencia ambiental federal como el principal regulador de las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta.
Por separado, Sannes escribió que el intento de cobrar daños y perjuicios a productores extranjeros de combustibles fósiles queda desplazado por la doctrina de asuntos exteriores, lo que lo hace inconstitucional.
Activistas contra el cambio climático instaron a la administración de Hochul a apelar. Un portavoz de la administración de Hochul afirmó: “Los contribuyentes no deberían tener que pagar la factura por los daños causados por los contaminadores” y señaló que la administración estaba revisando la decisión para determinar sus próximos pasos.
La administración del presidente Donald Trump había impugnado previamente a Michigan, Hawai y Vermont por leyes similares después de que él declarara una “emergencia energética nacional” y ordenara a su secretario de Justicia actuar contra estados que pudieran estar excediéndose en su autoridad de regular.
En un comunicado, el Departamento de Justicia indicó que está “cumpliendo la orden del presidente Trump de proteger la energía estadounidense frente a los excesos de los estados”.
“La ley de Nueva York habría expropiado 75.000 millones de dólares a empresas energéticas de todo el mundo durante una emergencia energética y en abierta desobediencia de la política exterior estadounidense y de la ley federal”, declaró en un comunicado el subsecretario de Justicia Adam Gustafson.
La ley de Nueva York había exigido que las empresas responsables de emisiones sustanciales de gases de efecto invernadero pagaran colectivamente 3.000 millones de dólares al año durante 25 años a un fondo para proyectos de infraestructura destinados a reparar o evitar daños futuros por el cambio climático.
Los legisladores aprobaron la ley para obligar a las grandes compañías de petróleo y gas a contribuir al costo de las reparaciones ocasionadas por fenómenos meteorológicos extremos y para financiar proyectos de resiliencia, como la restauración de humedales costeros y mejoras en carreteras, puentes y sistemas de drenaje de agua.
Los mayores emisores de gases de efecto invernadero entre 2000 y 2018 iban a quedar sujetos a las multas.
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El corresponsal Anthony Izaguirre en Nueva York contribuyó con esta nota.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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