MIAMI, Fla. — La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes una apelación del ex comisionado de Miami Joe Carollo, poniendo fin a su batalla legal con los propietarios del negocio Ball & Chain en La Pequeña Habana.
Según un documento judicial del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito obtenido por Local 10 News, el máximo tribunal negó la petición de recurso de certiorari de Carollo en el caso Carollo v. William O. Fuller, et al., dejando vigentes los fallos de instancias inferiores a favor de William Fuller y Martin Pinilla.
En un comunicado a Local 10 News, el abogado Jeff Gutchess, quien representa a Fuller y Pinilla, dijo que la decisión pone fin al caso que se extendió por años.
“Ayer, la Corte Suprema de Estados Unidos negó el certiorari en Fuller v. Carollo, dejando vigente el fallo del tribunal inferior a favor de William Fuller y Martin Pinilla. Con esa decisión, este caso finalmente ha llegado a su fin”, escribió Gutchess.
“Durante años, mis clientes —pequeños empresarios— soportaron represalias, daños financieros y un estrés significativo en sus familias por ejercer sus derechos bajo la Primera Enmienda. Los tribunales dejaron claro que esa conducta es inconstitucional”, continuó el comunicado.
El caso se deriva de un juicio civil federal en el que un jurado determinó que Carollo violó los derechos bajo la Primera Enmienda de Fuller y Pinilla al utilizar recursos de la ciudad para tomar represalias contra ellos después de que apoyaran a su oponente político en 2017.
El jurado otorgó a los empresarios aproximadamente $63,500,000 USD en daños compensatorios y punitivos. En julio de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos confirmó una decisión del tribunal de distrito que negó la moción de Carollo para un nuevo juicio y desestimó el resto de su apelación por falta de jurisdicción apelativa.
“Es lamentable que la Ciudad de Miami haya optado por gastar millones de dólares de los contribuyentes defendiendo este abuso en lugar de aceptar responsabilidad”, escribió Gutchess. “El resultado de hoy reafirma que las protecciones constitucionales se aplican a todos y que las represalias del gobierno tienen consecuencias”.
Local 10 informó previamente que durante el juicio, que se extendió por más de 50 días, tres jurados fueron reemplazados y Carollo acumuló casi $2,000,000 USD en honorarios legales pagados con dinero de los contribuyentes.
Gutchess añadió en un comunicado anterior que los demandantes tienen la intención de proceder con el cobro del fallo tanto contra el comisionado como contra las aseguradoras de la ciudad, que cubrieron los honorarios legales de Carollo durante años.
Fuller y Pinilla también impulsan una demanda federal separada en la que buscan $2,400,000 USD adicionales en daños.
Documento judicial
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