BOGOTÁ (AP) — Un atentado con artefactos explosivos causó daños el viernes a la infraestructura de un cuartel en Cali, en el suroeste de Colombia, pero no dejó víctimas ni heridos, informaron las autoridades.
La detonación ocurrió en las inmediaciones del Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada, en una acción que fue atribuida preliminarmente por el Ejército a la facción Jaime Martínez de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no negociaron la paz en 2016.
Imágenes reproducidas por medios colombianos muestran la humareda que provocó la explosión en medio del nerviosismo de militares y civiles que se encuentran en las inmediaciones del lugar.
Un reporte de la institución militar en X indicó que el ataque afectó las instalaciones de la unidad militar sin ocasionar heridos.
Un dispositivo de seguridad fue activado para ubicar a los responsables del “hecho delictivo”, señaló el Ejército que pidió a la ciudadanía denunciar acciones sospechosas. El ataque levantó una ola de rechazo.
“Un acto cobarde contra nuestra fuerza pública”, escribió en X la vicepresidenta Francia Márquez y aseguró que el Estado actuará “con toda firmeza” para dar con los responsables.
El Alcalde de Cali, Alejandro Eder, alertó en declaraciones a la prensa que si bien el acto no dejó víctimas los territorios aledaños a Cali como Jamundí son “victimizados por grupos narcoterroristas” que operan en esa zona considerada estratégica por conectar las zonas de cultivo de hoja de coca y producción. Ofreció una recompensa de 50 millones de pesos (más de 14.000 dólares) por información que permita capturar al responsable.
Según Eder, Cali acumula ocho atentados explosivos que en 2025 dejaron más de una decena de muertos y 150 heridos.
La semana pasada el ejército colombiano informó de la captura de cinco presuntos miembros del grupo residual Jaime Martínez quienes operaban en el departamento del Valle del Cauca al que pertenece Cali.
Los detenidos son considerados “presuntos responsables” de delitos de extorsión, instalación de retenes ilegales y de actividades de presión e intimidación, entre los habitantes de la región, señaló un boletín de la institución.
Las disidencias de las FARC abandonaron en 2024 una mesa de negociación de paz con el gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia.
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