CIUDAD DE MEXICO (AP) — El Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum viajó el lunes a Sinaloa en un esfuerzo por mandar un mensaje claro de apoyo y coordinación con la recién nombrada gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla, después de que Rubén Rocha dejara su cargo temporalmente mientras la fiscalía federal investiga las acusaciones por narcotráfico hechas públicas por Estados Unidos hace cinco días.
“El gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir”, aseguró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aunque no anunció cambios inminentes.
Actualmente, Sinaloa tiene más de 13.000 militares desplegados por todo el estado, entre ellos más de 2.700 miembros de las fuerzas especiales de distintas corporaciones tanto policiasles como del Ejército y la Marina.
Pero aunque se han incrementado las detenciones de importantes líderes criminales así como los decomisos de droga, la violencia no ha parado en esta región del noroeste de México desde septiembre de 2024 cuando comenzó una guerra interna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.
A esa situación se ha sumado ahora la incertidumbre por las posibles repercusiones de la acusación estadounidense que ha desatado un terremoto en México por lo inusual de la medida contra un alto funcionario en el cargo debido a que Rocha es un político oficialista muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y por la delicada situación en la que queda Sheinbaum de elegir entre el apoyo a su partido o satisfacer las demandas de la administración de Donald Trump, cada vez más ansioso por intervenir miltarmente contra los cárteles.
“Nosotros no cubrimos a nadie pero, por favor, pruebas”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina. “La presidenta no agacha la cabeza... va a defender la soberanía por encima de todo y que también vamos a actuar con justicia”, afirmó.
García Harfuch explicó desde Culiacán, la capital de Sinaloa, que el gobierno federal decidió poner seguridad a Ruben Rocha tras su licencia como gobernador. Dijo que él no lo pidió pero se decidió después de hacer una evaluación de la situación. No ofreció más detalles al respecto pero aseguró que no tienen “ningún indicio, ni ningún dato de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza”.
Lo que pareció quedar claro es que Rocha, que se encuentra en Sinaloa, estará bajo atenta mirada federal.
El gobierno de Sheinbaum insiste en que no hay pruebas suficientes para detenerle provisionalmente con fines de extradición como pidió Estados Unidos, ni tampoco para el arresto por los mismos motivos del resto de acusados, entre los que está el alcalde de Culiacán, la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez —que también dejó su cargo el fin de semana—, un senador del partido oficialista Morena, el vicefiscal estatal y policías en activo o retirados.
El argumento oficial repetido durante la conferencia presidencial del lunes es que no existe ninguna “urgencia” para tal arresto, que se ha violado la confidencialidad de este tipo de procesos y que si Estados Unidos tiene las pruebas para iniciar una petición oficial de extradición que lo haga, pero entonces tendrá que presentar las evidencias que la cancillería ya solicitó formalmente.
Los fiscales estadounidenses señalaron que tanto Rocha como el resto de acusados desempeñaron un papel fundamental en ayudar al cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
También indicaron que los “Chapitos” — los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y una las facciones del cártel —- presuntamente ayudaron a Rocha a ganar las elecciones que le llevaron al poder en 2021.
Rocha ha negado todas las acusaciones e insiste en que se trata de un moviento político contra Morena.
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