RÍO DE JANEIRO (AP) — Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil desclasificó el domingo una investigación relacionada con la producción de una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro, argumentando sospechas de que el financiamiento del filme esté vinculado a una red criminal.
Las sospechas expuestas en la decisión del juez Flávio Dino podrían complicar aún más la situación del senador Flávio Bolsonaro, cuando faltan pocas semanas para que se enfrente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones nacionales de octubre.
El senador Bolsonaro, el hijo mayor del exmandatario, está siendo investigado por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal por recibir millones de dólares de un desacreditado banquero para financiar la película biográfica sobre su padre, titulada “Dark Horse” ("Caballo Negro").
Dino, quien fue designado al cargo por Lula y actualmente supervisa una de las investigaciones en torno a la película, afirmó que se había reforzado la hipótesis de la existencia de un sofisticado plan de asignación y desvío de fondos públicos —que involucraba enmiendas al presupuesto del Congreso federal y al gobierno municipal de Sao Paulo.
La policía federal de Brasil realizó el jueves un operativo contra el legislador federal y aliado de Bolsonaro, Mário Frias.
La policía incautó documentos relacionados con la productora de la película y de Frias, quien envió cerca de 2 millones de reales (400.000 dólares) a una organización sin fines de lucro vinculada al filme. Sospechan que una organización criminal canalizó los fondos a empresas que fueron subcontratadas de manera irregular, sin evidencia de que se hayan prestado los servicios contratados.
El juez indicó el domingo que había fuertes indicios de que Frias, quien ocupó un cargo en el gabinete de Bolsonaro, desempeñó un papel clave dentro de la presunta red criminal.
La red también podría tener vínculos con la organización criminal Primer Comando de la Capital, o PCC, indicó Dino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a dicha agrupación como una organización terrorista extranjera a principios de este año.
Frias niega haber cometido irregularidad alguna. “Nunca asigné ningún fondo del presupuesto del Congreso para financiar o beneficiar de alguna manera la producción de la película”, afirmó el domingo en redes sociales. Previamente se había referido al operativo del jueves como una “cortina de humo”.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil se ha visto envuelto en turbulencias en las últimas semanas, con sospechas de sobornos, sesgo político e interferencia policial que se ciernen sobre varios de sus integrantes.
Dino tuvo desacuerdos públicos recientes con el juez André Mendonca, quien fue designado al banco por Bolsonaro. Mendonca ordenó el martes la destitución del director general de la policía federal, Andrei Rodrigues, y del director de inteligencia de la fuerza, Leandro Almada, por supuestamente encabezar investigaciones ilegales contra Mendonca.
Dino revocó el miércoles la decisión de su colega y restituyó en el cargo a los dos mandos policiales. El presidente del tribunal, Edson Fachin, suspendió posteriormente las decisiones contrapuestas.
El caos se origina del colapso de Banco Master, el cual cuenta con activos valorados en hasta 16.000 millones de dólares y que fue cerrado en noviembre pasado luego de una amplia investigación relacionada con un esquema de fraude que involucraba miles de millones de reales.
El exdirector ejecutivo de Banco Master, Daniel Vorcaro, fue arrestado a principios de este año. Desde entonces se ha revelado que tenía vínculos con muchos políticos de alto rango —incluido el senador Bolsonaro—, pero también con varios jueces del Supremo Tribunal Federal, entre ellos Alexandre de Moraes, quien presidió el caso en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
“Atravesamos la peor crisis en la historia del Supremo Tribunal Federal y ciertamente una de las más graves en nuestra turbulenta historia como república”, dijeron el domingo exministros, economistas, ejecutivos y los presidentes de federaciones sindicales, en una carta dirigida a Fachin y publicada por medios locales.
“Investigar los hechos y exigir responsabilidades a quienes puedan haber violado la ley y la dignidad de sus cargos es esencial para que podamos recuperar la confianza en las instituciones y preservar nuestra democracia”, añadieron.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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