MIAMI, Fla. — El caso de la Primera Enmienda relacionado con el acceso de abogados en un centro de detención migratoria en los Everglades que, funcionarios estatales han llamado “Alligator Alcatraz”, está intensificándose.
Funcionarios estatales dijeron a una corte federal que cumplir con una orden de finales de marzo causaría “daño irreparable”.
La orden exige que el estado proporcione a los detenidos acceso a llamadas legales salientes oportunas, gratuitas y confidenciales, con un mínimo de un teléfono funcionando por cada 25 detenidos.
“Lo que está ocurriendo es una grave violación constitucional, bloqueando el acceso a representación legal”, dijo Katie Blankenship, del grupo Sanctuary of the South, una organización que brinda servicios legales a inmigrantes. “Denles teléfonos. Dejen de quejarse por eso. Dejen de manipular. Dejen de quejarse ante la corte y cumplan con los requisitos básicos que se supone deben cumplir”.
El argumento del estado contra la orden se basa en parte en el costo, es decir, unos $180,000 USD.
Blankenship, quien es una de las demandantes del caso, se burló de esa cifra considerando los cientos de millones de dólares de contribuyentes ya invertidos para construir y operar el lugar.
“Millones, millones de fondos de contribuyentes de Florida fueron destinados a esta instalación y aun así no pueden gastar, ¿qué?, en su presupuesto unos míseros $180,000 USD solo para proporcionar acceso básico a teléfonos?”, preguntó Blankenship.
En una presentación separada, un representante de la División de Manejo de Emergencias de Florida dijo a la corte que cumplir es difícil debido a la ubicación remota del lugar.
Funcionarios indicaron que “el servicio tradicional de línea fija no es una opción” porque el área “carece de infraestructura de proveedores”.
El representante dijo que el estado necesitaría construir una torre celular o utilizar varios sistemas Starlink y comprar teléfonos celulares. También tendrían que pagar por “técnicos especializados para configurar” el equipo y mantener la conectividad.
“Debieron haber pensado en eso, amigos, ¿verdad? Debieron haber pensado en eso”, dijo Blankenship. “Lo que estamos pidiendo, Christina, es acceso a teléfonos. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo? Como demandante en este caso, francamente no me importa qué hagan para darme acceso a mis clientes. Resuelvan lo que sea que los haga más felices, francamente. Solo háganlo”.
Todas las partes dijeron a la corte que los próximos pasos son una “emergencia”, ya que la decisión final probablemente impactará los derechos legales de detenidos en todo el país, mientras que “inmigración y detención”, dijeron los demandados estatales a la corte, “continúa convirtiéndose en un problema cada vez más complejo para los gobiernos federal y estatales”.
“Hagámoslo”, dijo Blankenship. “Sí, necesitamos establecer un precedente. ‘¿Los centros de detención se están volviendo más complejos?’ No, no lo están. Se están volviendo más inconstitucionales. Necesitamos que la corte establezca un precedente de entender lo que dice la Primera Enmienda.
“Que venga”.
Un analista legal dijo a Local 10 News que proporcionar a los detenidos acceso telefónico a sus abogados es parte del costo de operar, y agregó que se puede cambiar la política migratoria, pero no la Constitución.
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