MEXICO CITY – CIUDAD DE MÉEl gobierno de México se comprometió el jueves a continuar con sus intentos de limitar la generación de energía por parte de empresas privadas después de que la Suprema Corte del país falló en contra del plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de bloquear permisos para plantas de energía renovable.
La secretaria de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, dijo que el dictamen de la corte aplicaba únicamente a un decreto presidencial de 2020, y señaló que el gobierno libraría una nueva batalla legal respecto a otro proyecto que el mandatario envió al Congreso este mes.
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La nueva propuesta daría prioridad a la compra de electricidad generada en plantas propiedad del Estado, las cuales son más viejas y contaminantes. Se trata del capítulo más reciente en una disputa en torno a las plantas privadas de energía renovable que fueron promovidas por los predecesores de López Obrador.
“Se resolvió sobre la constitucionalidad de un acuerdo, que es muy distinto a una ley”, dijo Sánchez Cordero. “Entonces, yo creo que tenemos los suficientes, digamos, asideros convencionales y constitucionales para avanzar porque, yo quiero insistir, no estamos rechazando la inversión privada en los temas energéticos, definitivamente no, eso quiero que quede claro”.
Debido al descenso en el uso de electricidad durante la pandemia, la Comisión Federal de Electricidad registra menores ingresos y un aumento en sus inventarios de combustóleo, el cual emplea en sus plantas generadoras. Dicho combustible contaminante ha perdido consumidores en todo el mundo. También ha sido presionada para comprar carbón de las minas locales.
En su decreto de 2020, López Obrador intentó apuntalar a la compañía estatal al limitar los permisos para la conexión de otras plantas en la red eléctrica nacional, incluyendo algunas instalaciones solares y eólicas que ya fueron construidas, algunas de ellas con inversión extranjera. El mandatario asegura que los incentivos a la energía verde les brinda a esas plantas una ventaja desleal respecto a la paraestatal.
Pero el miércoles, la Suprema Corte decretó que muchas de las cláusulas incluidas en la orden ejecutiva afectarían injustamente la competencia en el sector. Algunas de las reglas habían sido suspendidas previamente. El caso fue presentado por la propia agencia antimonopolios del gobierno: la Comisión Federal de Competencia Económica.
La propuesta que López Obrador envió al Congreso este año obligaría a que la energía que se utilice en la red nacional provenga en primera instancia de las plantas del gobierno, muchas de las cuales operan con carbón y combustóleo. Las plantas privadas de gas natural y de energía renovable serían las últimas opciones.
Los grupos empresariales del país aseguran que la propuesta perjudicaría a los inversionistas y obligaría a la población a adquirir energía eléctrica a un mayor costo de las plantas del gobierno. También pondría en peligro los compromisos de México en la reducción de emisiones de carbono, y posiblemente causaría disputas con inversionistas extranjeros según las normas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sánchez Cordero defendió la propuesta al señalar que “un sector tan estratégico, de seguridad nacional, como es el suministro de la energía eléctrica, es una rectoría que tiene que estar en el Estado. Esto no significa que no vayan a participar los particulares con ciertas reglas y límites”.
López Obrador pretende que la propuesta sea aprobada por el Congreso en 30 días.
Los grupos empresariales argumentan que la nueva ley pondría en riesgo a las compañías industriales mexicanas y perjudicaría a aquellos que, bajo las reglas existentes, realizaron fuertes inversiones en las plantas mexicanas.
“Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad”, señaló el Consejo Coordinador Empresarial en un comunicado.
La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) dijo que la iniciativa “condena al país a consumir energía cara y contaminante y, de convertirse en ley, generaría un daño económico irremediable a la economía y competitividad de nuestro país en un momento crítico”.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dijo que la propuesta “tampoco es congruente con la Constitución ni con los tratados comerciales internacionales, específicamente con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Además, alejaría al país de la senda de la transición hacia una mayor generación de energías limpias al promover el incumplimiento del Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética”.
En un panel de discusión realizado el miércoles, Duncan Wood, vicepresidente de estrategias y nuevas iniciativas en el Wilson Center, un grupo de expertos con sede en Washington, dijo que leyes como la nueva propuesta energética “no van a ayudar a México a progresar”.
“De hecho, van a socavar la confianza en la economía, a elevar los precios y, quizá más problemático a largo plazo, debilitar los compromisos de México en la reducción de emisiones”, comentó Wood.
Roberto Velasco, director general de la cancillería mexicana para América del Norte, declaró que "esta iniciativa intenta atender un problema real, el cual es que, considerando el marcado declive actual en la demanda agregada, el sistema eléctrico debe atenderlo rápidamente para garantizar el abastecimiento de energía”, dijo Velasco. “Nos enfrentamos a una realidad, que es que en los últimos meses hemos visto un marcado declive en el consumo energético”.
López Obrador es un conocido promotor de la industria petrolera y las paraestatales, y ha tenido una complicada relación con el sector privado en sus primeros dos años de gobierno.
Las industrias mexicanas han resultado afectadas desde hace tiempo por el suministro eléctrico poco confiable y relativamente costoso en el país. Una reforma legal de 2013 abrió las puertas para que compañías privadas, la mayoría de ellas extranjeras, realizaran mayores inversiones en el sector.