GUATEMALA CITY – La fiscal guatemalteca Virginia Laparra lleva 105 días en prisión por denunciar a un juez que filtraba información sobre un caso de corrupción que estaba bajo reserva. El juez Sergio Mena, quien ordenó su detención, la envió a juicio el martes y le negó una medida alternativa a la prisión a pesar que un informe psicológico asegura que las condiciones de la detención rayan en la tortura.
El Ministerio Púbico que pidió la detención de la fiscal Laparra la acusa de no tener autoridad para presentar una denuncia.
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“¿Se imagina? Me acusan de hacer una denuncia, algo que como fiscal no es que tenga derecho sino que tengo obligación de hacer”, dijo Laparra en una entrevista con The Associated Press.
El caso contra Laparra surgió cuando denunció al juez Lesther Castellanos Rodas de filtrar información de un caso reservado a las partes, a un amigo abogado. Tras la denuncia, el juez recibió una sanción administrativa, la cual fue revocada por la corte. Subsecuentemente, el juez denunció a Laparra.
Tanto el juez como el abogado han negado las acusaciones y Laparra no pudo oponerse a la revocatoria de la corte porque quedó detenida.
La fiscal fue detenida el 23 de febrero por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones tras una denuncia de Castellanos Rodas, actual Relator contra la Tortura de personas detenidas en prisión.
Laparra es la única fiscal detenida entre más de 20 procuradores y jueces acusados que huyeron de Guatemala y denunciaron una persecución por su trabajo contra la corrupción dirigida desde la oficina de la Fiscal General, Consuelo Porras.
La criminalización de los investigadores y magistrados le valió a Porras el retiro de la visa y sanciones por parte del gobierno estadounidense y ha afectado al gobierno del presidente Alejandro Giammattei, cuestionado por Estados Unidos y la Unión Europea por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala.
El martes Laparra cumplió 105 días en una celda de unos cuatro metros por cinco, con techo de lámina y baño, en donde pasa 23 horas al día.
Luego de hacer públicas las condiciones de su detención, el juez Mena ordenó que se le trasladara a una prisión en la cual la fiscal ya había recibido amenazas por “desprestigiar” al organismo judicial.
La defensa de la fiscal expuso las amenazas, pero juzgado ratificó el cambio de prisión. El juez también le ordenó a Laparra enfrentar juicio por el delito de abuso de autoridad, un delito que según la ley guatemalteca tiene medida sustitutiva, pero el juez dijo que pensaba que ella no quería enfrentar a la justicia.
El juez tampoco permitió la entrada de periodistas ni organismos de derechos humanos a la audiencia pública y permitió que amigos del juez, se constituyeran como querellantes en el proceso. Entre ellos se incluía al abogado al que le habría filtrado la información, quien presta servicios a una institución a cargo de la presidencia de la república y fue candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
En su denuncia Castellanos Rodas está acompañado por la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que ha denunciado a decenas fiscales, jueces y operadores de justicia que han luchado contra la corrupción y contra crímenes de guerra acusándolos de malas prácticas, denuncias que han tenido eco en el Ministerio Público.
Laparra es una fiscal de provincia y ejerce en Quetzaltenango -la segunda ciudad más importante del país-. El día de su detención iba a viajar a la capital para atender al día siguiente una audiencia con el mismo juez que ordenó su detención.
La fiscal trabaja para la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que estuvo a cargo de casos especiales de corrupción y que en años pasados llevó ante la justicia a grandes empresarios, funcionarios de gobierno, jueces y magistrados. Ahora está suspendida y lleva cuatro meses sin recibir su salario.
Los martes y sábados Laparra recibe la visita de su familia, abraza a sus pequeñas, las sienta en su regazo y les acaricia el cabello como intentando detener el tiempo y disfrutar un poco más de ellas.
“Esto ha sido una pesadilla de terror”, sostuvo.
El proceso judicial contra Laparra ha estado plagado de errores desde el principio. La primera jueza que conoció la denuncia en su contra no le permitió participar de la audiencia. “Usted no es parte del proceso, sólo esta aludida en la denuncia”, le dijo. Luego le negaron acceso al expediente.
A pesar de haber recusado tres veces al juez Mena que ordenó su arresto éste insistió en seguir en el proceso, entonces ella hizo pública una carta denunciando irregularidades. El juez decidió excusarse para no conocer el caso, pero retuvo por dos semanas el expediente hasta que otra Corte le ordenó que siga adelante del caso.
La fiscal cree que todo el caso en su contra es una venganza “de algo que no pudieron hacer contra todos los ex fiscales que están exiliados”, dijo.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales sostienen que el caso es una represalia por su lucha contra la corrupción y criminalización contra operadores de justicia.