MIAMI, Fla. – Un hombre de Miami, una de las 20 personas detenidas por el grupo de trabajo sobre delitos electorales y seguridad del gobernador de Florida Ron DeSantis a mediados de agosto, habló con Local 10 News y aseguró que le hicieron creer que estaba legalmente autorizado a votar cuando, en realidad, no lo estaba.
Ronald Lee Miller, de 57 años, que había cumplido condena en prisión por asesinato, dijo que incluso había conseguido una identificación de votante emitida por el estado en 2020.
“Lo saqué del buzón pensando que mis derechos se habían restablecido, como me dijo el tipo cuando rellené el papel, así que estaba contento”, dijo Miller.
Miller no sabía que el voluntario del registro de votantes del supermercado, que le dijo que podía inscribirse para votar, estaba equivocado.
Ronald Miller voted in 2020 because Florida made it possible.
— Glenna Milberg (@GlennaWPLG) September 1, 2022
He believed a volunteer who said he was eligible, urged him to register, helped him do so.
He is not eligible.
He & 17 other felons are now charged in a mass state elections bust, now under scrutiny.@WPLGLocal10 ⏩ pic.twitter.com/YGFYFMnFfo
Dos años después, hace dos semanas, Miller dijo que no tenía ni idea de por qué una multitud de agentes armados lo sacó en calzoncillos.
“Mi casa estaba rodeada por 50 alguaciles de Estados Unidos”, dijo. “¿Me hacen eso? ¿Por una credencial?”
Ese mismo día, esa misma escena se repitió en Miami Gardens y en otras 18 casas de votantes señalados como delincuentes en toda Florida, desconcertándoles a ellos y a sus vecinos.
“No sabía por qué el alboroto”, dijo un vecino.
Los funcionarios electorales del estado, que determinan la elegibilidad de los votantes, respaldan las detenciones, aunque ahora cuentan con las cuentas de los delincuentes a las fuerzas del orden, que fueron “abordados por los defensores de los votantes” y “asumieron que todo era legítimo” y “firmaron los formularios que el voluntario rellenó”.
“¿Por qué (no) enviaron este papel aquí antes de enviar la tarjeta?” preguntó Miller, mostrando una carta a la reportera de Local 10, Glenna Milberg.
En esa carta se le dice a Miller que no puede votar y que fue enviada el mes pasado, dos años después del hecho.
“Ninguna de estas personas debería haber sido detenida en primer lugar si el sistema funcionara como queremos que funcione”, dijo Neil Volz, agente director de la Coalición para la Restauración de los Derechos de Florida, a Local 10 News en “This Week in South Florida” el domingo.
Así que la postura del estado es que cada votante individual tiene la responsabilidad de actuar legalmente. Pero los delitos de los que se acusa a estas personas implican ahora que tenían la intención de defraudar al estado al pretender votar ilegalmente.
Las pruebas de esa intención simplemente no están ahí.