MIAMI – Ramón Saúl Sánchez tenía 12 años cuando su familia en Cuba lo envió a Estados Unidos, y tenía 15 cuando se unió a una organización paramilitar con sede en Miami formada por exiliados cubanos para luchar contra el comunismo, y llegó a participar en décadas de resistencia no violenta.
Sánchez, de 68 años, dijo que los funcionarios federales de inmigración enumeraron el terrorismo como una de las razones por las que quieren expulsarlo de Estados Unidos y citan las “flotillas” que ha organizado para recordar a los cubanos que han muerto a causa del régimen comunista como una perturbación de las relaciones internacionales.
“Es la primera vez en 21 años”, dijo Sánchez sobre la audiencia del jueves que le permitió presentarse ante un juez para pedir que se le permita permanecer en Estados Unidos.
Sánchez también presentó más de 250 cartas de apoyo. El presidente del Movimiento Democracia, una organización de defensa sin ánimo de lucro con sede en la Pequeña Habana de Miami, es conocido por su activismo público, que incluye huelgas de hambre y protestas pacíficas.
A lo largo de los años, también ha abogado por los refugiados políticos y ha concienciado sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Su supuesta asociación en el pasado con Alpha 66, un grupo paramilitar de exiliados cubanos, resurgió cuando solicitó la residencia permanente el 10 de septiembre de 2002.
“Sé que he tenido problemas con la ley en el pasado debido a mi lucha por Cuba”, dijo Sánchez sobre su pasado militante.
En 1982, Sánchez fue acusado de desacato a la corte por negarse a testificar ante un gran jurado en un caso relacionado con Omega 7, un grupo paramilitar de exiliados cubanos fundado en 1975 al que el FBI culpó de atentados con bomba en la década de 1980 en Miami, Nueva York, Puerto Rico, Chicago y Nueva Jersey.
Sánchez cumplió cuatro años y medio en una prisión federal tras haber sido condenado a nueve. El abogado Wilfredo O. Allen, que representa a Sánchez en su caso de inmigración, dijo que su cliente no es miembro de un grupo terrorista y que no ha estado implicado en terrorismo, sino en activismo pacífico.
“Esos cargos, que tienen 50 años en algunos casos, o 40 años en otros, son la base de los esfuerzos del gobierno para deportarlo”, dijo Allen antes de la audiencia, añadiendo después: “Devolverlo a Cuba es una sentencia de muerte”.
El juez federal estuvo de acuerdo y permitió a Sánchez seguir solicitando la residencia en Estados Unidos. Es un proceso con el que Allen dijo estar comprometido, ya que quiere asegurarse de que Sánchez se siente seguro para continuar su trabajo en apoyo de la democracia y la libertad en Cuba.
“Este ha sido un gran paso”, dijo Sánchez. “Estoy muy agradecido a la corte, al gobierno, a este país. Ésta también es mi patria”.