MIAMI, Fla. – Los expertos afirman que la detención de un farmacéutico de Miami está llamando de nuevo la atención sobre la prevalencia del turismo sexual infantil en Colombia.
Según las autoridades, justo en el momento en que Stefan Andres Correa subió a un puente aéreo del Aeropuerto Internacional de Miami para embarcar en un vuelo con destino a Bogotá el viernes, un registro fronterizo de salida reveló que el farmacéutico de 42 años -que viajaba solo- llevaba consigo unos nueve teléfonos móviles.
En algunos de esos dispositivos, los agentes de Homeland Security Investigations con base en MIA descubrirían fotos y vídeos de Correa violando a niñas y una conversación con un traficante sexual sobre sus planes para victimizar a una niña de 11 años, alegan los fiscales.
Los documentos de la corte afirman que, en una serie gráfica de mensajes de texto, Correa prometió que tanto el traficante como la niña recibirían 300.000 pesos colombianos -unos 75 dólares- y que la niña recibiría un iPhone, siempre que se le permitiera violarla en Medellín.
Mantuvo conversaciones similares e hizo promesas parecidas sobre otra chica de edad similar, alegan los fiscales.
“No quiero que diga ‘no’”, alegan que Correa envió un mensaje de texto en español al traficante, diciéndole después: “Por favor, no interrumpas, pase lo que pase, ¿vale?”.
Los investigadores afirmaron que Correa les dijo que había volado a Colombia en numerosas ocasiones para abusar sexualmente de menores. Los fiscales afirmaron que los registros muestran que viajó a Colombia unas 45 veces desde 2022.
El alcalde de Medellín se pronunció en la plataforma X, antes conocida como Twitter, tras la detención, publicando en parte: “Estos abusos contra nuestros niños se vienen produciendo con gran intensidad desde hace años. No vamos a descansar en esta lucha que no ha hecho más que empezar”.
El alcalde Fico Gutiérrez añadió el hashtag en inglés “#Don’tEvenTryIt”.
“Desgraciadamente, desde la época de los ‘Vaqueros de la Cocaína’, allá por los años 80, ha habido una guerra contra los niños y eso ha llevado a la explotación sexual de los niños”, dijo a Local 10 News la abogada Kristen Reynoso Jackwin, que ha representado a clientes en investigaciones federales. “Se trata de niños de tan sólo 12 años y están encontrando a ciudadanos de Estados Unidos con niños en habitaciones de hotel y es horroroso”.
Gutiérrez anunció recientemente nuevas medidas para combatir el turismo sexual infantil, entre ellas la confiscación de propiedades a los propietarios que permitan la explotación sexual de menores.
Jackwin dijo que, aunque elogia al alcalde, hay que hacer más.
“Porque simplemente cerrándolas, siempre hay otras formas de que abran nuevos locales para seguir realizando esta explotación de menores”, dijo.
Jackwin dijo que perseguir los casos no es el único objetivo esbozado en una asociación entre Estados Unidos y Colombia, firmada hace dos años, pero explicó que es clave para combatir enérgicamente el turismo sexual infantil.
Esta asociación se denomina Pacto para la Protección de la Infancia entre Estados Unidos y Colombia.
“En realidad se procesa a los delincuentes y eso ha sido un problema, porque muchos de estos casos no se procesan”, dijo Jackwin. “Hay 200.000 niños en Colombia que se ven afectados por delitos sexuales cada año y sólo un par de miles son realmente procesados, por lo que hay que dar más pasos para que el procesamiento se produzca y estos niños sean tratados como víctimas y no como autores de delitos”.
La embajada de Estados Unidos en Colombia ha promovido medidas conjuntas con funcionarios del país para combatir el tráfico sexual.
Medellín: El lado siniestro del aumento del turismo mundial
Local 10 News habló con un experto para que explicara por qué Medellín ha desarrollado una reputación de tráfico sexual de menores.
Larry Gumbiner, diplomático estadounidense jubilado que pasó dos periodos en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, dijo que Colombia “se está abriendo al mundo y, con ello, se está viendo mucho de la parte oculta del turismo internacional, que es el comercio internacional de turismo sexual”.
Gumbiner trabaja ahora en la consultora WestExec Advisors como asesor principal para América Latina y el Caribe. Dijo que Colombia atravesó décadas de escaso turismo debido al conflicto interno entre el país y los grupos guerrilleros.
Gumbiner dijo que, cuando por fin se calmó, “en cierto modo se abrió todo un nuevo país que no había estado al alcance de muchos turistas”.
“Así que se empezó a ver, sobre todo en Medellín, que era el epicentro del feudo de Pablo Escobar -y fue un lugar peligroso durante muchos años-, que por fin se abría al mundo”, dijo.
A medida que la ciudad ha ido limpiando su imagen, tomando medidas enérgicas contra el tráfico de drogas para atraer turistas, con ello han llegado turistas sexuales infantiles, dijo Gumbiner.
“Es una ciudad maravillosa, con muchas atracciones, un clima estupendo, que atrae a los turistas y, junto con eso, lo que hemos visto, la prostitución es legal en Colombia para los adultos, pero la prostitución entre menores empezó a explotar y con ello se desarrolló la reputación de ser un lugar al que se puede ir, porque es barato para los estadounidenses”, dijo.
Gumbiner añadió que es probable que Gutiérrez intervenga ahora en la cuestión porque las recientes detenciones de alto nivel de ciudadanos estadounidenses allí han catapultado el asunto a la corte de la opinión pública.
“Esto se ha ido gestando durante muchos años en lo que respecta a Medellín y al crecimiento de esta industria”, dijo Gumbiner. “Fue in crescendo cuando encontraron a un ciudadano estadounidense con dos chicas menores de edad en su habitación de hotel. Creo que, finalmente, para el sistema político, llegó a un punto de ruptura en el que el alcalde sintió que tenía que hacer algo.”
En cuanto al caso de Correa, el farmacéutico, que se enfrenta a cargos federales de intento de tráfico sexual de una menor e intento de viaje para mantener una conducta sexual ilícita, tiene previsto comparecer el viernes ante la corte federal de Miami para una vista de detención.
Si se le declara culpable, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión con una pena máxima de cadena perpetua, así como a una libertad supervisada de por vida.