MIAMI, Fla. – Un ex oficial de policía de Miami salió de la cárcel por múltiples cargos que incluyen lavado de dinero el miércoles por la tarde, pero no tenía nada que decir a Local 10 News mientras se cubría la cara mientras salía del Centro Correccional Turner Guilford Knight.
Djimy Joseph, de 47 años, fue arrestado por el Departamento de Policía de Miami el martes y fue puesto en libertad bajo una fianza total de 20,500 dólares.
Los registros de la cárcel muestran que Joseph se enfrenta a sendos cargos de plan organizado para defraudar más de 50,000 dólares, blanqueo de dinero por valor de más de 100.000 dólares y realización de declaraciones oficiales falsas.
Según los fiscales, una inspección rutinaria de licencias realizada por el Departamento de Bebidas Alcohólicas y Tabaco de Florida (ABT) reveló que Joseph era el propietario del ahora clausurado Yoa’s Café Inc, también conocido como Sabor Latino Bar & Grill, situado en el 2350 NW Seventh St.
El informe de la detención de Joseph también afirma que era propietario de otras empresas, entre ellas Djimy Properties, LLC, DJ Motors Transportation and Logistics, LLC, y Fondation L.O.V.E. Corp.
Pero el problema es que un estatuto de Florida establece que los agentes de la ley en activo tienen prohibido poseer y/u operar un negocio que venda o sirva bebidas alcohólicas, lo que Joseph era en ese momento, según una orden de arresto.
Los fiscales dijeron que Joseph fue acusado inicialmente de un delito menor por ese delito y se abrió una investigación por corrupción pública.
Según la Oficina del Fiscal del Estado, esa investigación reveló que Joseph también era propietario de otros negocios y había “solicitado y recibido fraudulentamente más de 246.000 dólares en préstamos COVID Relief a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (‘PPP’) y otros programas gubernamentales previstos en la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (‘Ley CARES’)”.
Los fiscales dijeron que la orden describe cómo las declaraciones de Joseph en la solicitud PPP contrastan con los registros bancarios y el testimonio jurado de los ex empleados con respecto a cómo se les pagó.
Los fiscales dijeron que la orden también describe cómo presentó declaraciones falsas, tergiversando “el número de empleados que tenía y los importes mensuales de las nóminas, los ingresos del negocio y los gastos para recibir un préstamo mayor.”
“La corrupción pública en cualquiera de sus formas no puede ni debe ser tolerada en ningún nivel del servicio público”, dijo la Fiscal del Estado Katherine Fernández Rundle en un comunicado. “Las acciones del Sr. Joseph muestran un patrón deliberado e intencional de comportamiento que estaba destinado a su beneficio financiero personal a expensas de romper la ley que había jurado defender como oficial y traicionar la confianza que el público depositó en él.”
Durante su comparecencia ante el tribunal, Joseph declaró que tiene previsto contratar a un abogado privado para que le represente en el caso.