BOGOTÁ – Una jueza suspendió el viernes una audiencia en la que la fiscalía pretendía acusar formalmente por fraude procesal y soborno a testigos al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, cerca de convertirse en el primer exmandatario del país en afrontar un juicio penal.
La jueza anunció que la audiencia continuará el 24 de mayo al considerar que transcurrieron más de 12 horas de una diligencia que se concentró en las intervenciones de las partes sobre aclaraciones y solicitudes. La principal de ellas la hizo la defensa de Uribe al pedir la nulidad del proceso por considerar que hubo afectación al debido proceso y al derecho a la defensa en el caso.
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Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, enfrenta un proceso penal tras denunciar hace más de una década que un senador opositor estaba buscando a paramilitares para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar en la década de 1990 en una hacienda que perteneció a su familia.
Sin embargo, en un efecto búmeran, Uribe terminó investigado por presuntamente presionar por medio de terceros para que algunos testigos se retractaran de sus acusaciones a cambio de supuestos beneficios.
Por los delitos de los que lo acusa la fiscalía, el exmandatario se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El exmandatario ha negado con anterioridad vínculos con grupos paramilitares.
“Mis antagonistas políticos han logrado convertirse en mis acusadores judiciales”, señaló el exmandatario antes de la audiencia virtual en una declaración ante la prensa en su natal Antioquia, al noroeste del país.
Uribe estuvo detenido en su residencia por este caso desde agosto hasta octubre de 2020 por orden de la Corte Suprema. Sin embargo, renunció entonces a su curul como senador y un juez ordenó su libertad.
Desde entonces, la fiscalía ha pedido en dos ocasiones su cierre alegando que el expresidente fue totalmente ajeno a las gestiones presuntamente ilícitas que hicieron terceros. En ambas solicitudes, los jueces mantuvieron abierto el proceso por considerar que es posible que Uribe hubiera intervenido en los hechos.
En abril, tras la renovación de la titular de la Fiscalía General, con la designación de Luz Adriana Camargo a partir de una terna propuesta por el presidente colombiano, Gustavo Petro, la fiscalía cambió de postura: desistió de pedir el cierre del caso y llamó a juicio a Uribe.
Uribe alegó ante esa decisión que la fiscalía actuó “por venganzas políticas” al considerar que no hay pruebas que permitan inferir que buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia.
Su abogado defensor, Jaime Granados, aseguró en la audiencia que el proceso penal está “viciado de nulidad” por procedimiento ”al no existir materialmente formulación de imputación”.
Granados se refería al momento en que el caso cambió de sistema procesal y se hizo equivalente la indagatoria que había adelantado la Corte Suprema con la imputación que realiza la fiscalía, dejando a Uribe Vélez en calidad de imputado automáticamente en el actual proceso. Para el defensor, con esa decisión judicial no se respetaron las garantías de Uribe.
“Crearon un dañino precedente jurisprudencial. La indagatoria es básicamente un interrogatorio”, reclamó Uribe, abogado de profesión, en su declaración a la prensa.
En caso de que la jueza no acepte la nulidad del proceso, se espera que en la siguiente sesión la fiscalía acuse formalmente a Uribe Vélez por medio de un escrito en el que enuncie los elementos de prueba que tiene. Luego, el juez podrá asignar una fecha para las audiencias preparatorias en las que se empezarán a presentar las pruebas e iniciará la etapa de juicio oral.
El inicio del proceso de Uribe Vélez se remonta al 2012 cuando denunció ante la Corte Suprema de Justicia al congresista de izquierda Iván Cepeda, su opositor político, por presuntamente buscar en cárceles testimonios de paramilitares para que declararan contra el exmandatario y lo vincularan con la creación de un grupo paramilitar.
Sin embargo, en 2018, la misma Corte, encargada de investigar a los congresistas, cerró la denuncia contra Cepeda al no encontrar méritos y ordenó, en cambio, abrir una investigación contra el entonces senador Uribe Vélez para determinar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos en contra de Cepeda.
“Es un hecho sin lugar a dudas trascendental, la primera vez que una persona que ha ejercido la jefatura del Estado colombiano tiene que comparecer ante la justicia”, aseguró a The Associated Press Cepeda, quien consta como víctima en el proceso penal.
Cepeda espera “celeridad” en los procedimientos para que “muy pronto el país pueda conocer una sentencia sobre lo que ha sido este episodio que ya ha durado más de una década en el que he sido víctima”.