MIAMI, Fla. – Activistas de derechos humanos informaron el viernes que tienen registros de 79 adolescentes arrestados después de que estallaron protestas el lunes en reacción a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Durante discursos públicos regulares en respuesta a las protestas, Nicolás Maduro y su administración culparon a la oposición de lavarles el cerebro a los adolescentes problemáticos.
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Los activistas de Foro Penal, una organización no gubernamental bien establecida, informaron que los adolescentes estaban entre los 835 casos registrados desde el lunes hasta el viernes en Venezuela, y estaban revisando la naturaleza de 11 asesinatos durante las protestas.
Laura Valbuena, profesora de derecho y activista de Foro Penal, informó en X que en Zulia un niño de 13 años estaba entre los detenidos y un niño de 15 años estaba entre las víctimas mortales. Los familiares afligidos identificaron al adolescente asesinado como Isaías Fuenmayor y dijeron que estaba de camino a casa cuando fue baleado durante una protesta.
La ONG con sede en Caracas proporciona asistencia legal pro bono a nivel nacional y rastrea abusos de derechos humanos. Estaban buscando a Kennedy Tejeda, un abogado defensor que desapareció mientras buscaba detenidos en Carabobo.
Luis Armando Betancourt, abogado y activista de derechos humanos venezolano, informó el viernes por la noche en X que Kennedy había sido detenido y estaba bajo custodia de la agencia de contrainteligencia militar. Betancourt describió a Kennedy como un “Defensor de los Derechos Humanos, quien voluntariamente fue a defender la constitución y la ley”.
Durante un discurso público, Maduro dijo que “grupos de criminales drogados y armados” habían matado a dos soldados de la Guardia Nacional Bolivariana durante ataques que formaban parte de un “plan premeditado de los fascistas”.
El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, mostró videos durante una conferencia de prensa describiendo a los manifestantes como “psicópatas” y acusándolos de terrorismo e incitación al odio.
Activistas de derechos humanos informaron que la lista de estudiantes universitarios detenidos en Caracas incluía a los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela María Méndez, Keiver Rincón, Armando Solís, Anthony Granadillo y Rafael Sivira; y 25 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.
ProVea, una organización no gubernamental con sede en Caracas, informó el jueves que hubo 19 asesinatos y alertó el viernes sobre una escalada de “allanamientos ilegales” contra civiles.
Además de controlar la policía y el ejército, los leales al partido socialista de Venezuela también controlan el Consejo Nacional Electoral y el sistema judicial.
Acceso a la Justicia, una organización no gubernamental con sede en Caracas, informó de violaciones del “derecho a la participación política” cuando “hubo limitaciones para los testigos y acceso a las actas”.
La lista de violaciones de la organización también incluye impedir que “testigos nacionales acreditados” accedan a la sala de totalización, detener la transmisión después de recibir el 30% de las actas; y hubo incongruencias entre las actas y los resultados anunciados.
La oposición afirmó que, anticipando fraude electoral, los voluntarios recolectaron alrededor del 80% de las actas de votación que imprimieron las máquinas de votación electrónica después del cierre de las urnas. La líder opositora María Corina Machado anunció durante una conferencia de prensa que los datos contradijeron los resultados oficiales del consejo electoral.
Machado declaró que Edmundo González había ganado por un margen abrumador y no Maduro, a quien la oposición culpa por los fracasos económicos y la crisis de refugiados.
La administración del presidente de EE. UU., Joe Biden, se alineó con la oposición y reconoció a González, un diplomático retirado, como el verdadero presidente electo de Venezuela. Amnistía Internacional, una organización no gubernamental con sede en Londres, condenó los arrestos “de personas por protestar” y pidió el “respeto irrestricto al derecho de defensa” y el fin de los “malos tratos y torturas”.
Mientras tanto, Maduro se refirió a Vente Venezuela, el partido político de Machado, como una “organización terrorista” y pidió que ella y González sean sentenciados a 30 años de prisión.
Frente a sus seguidores, Maduro también amenazó con llenar dos prisiones con manifestantes y castigarlos con trabajos forzados y reeducación.
“Todos los criminales fascistas irán a Tocorón y Tocuyito, a prisiones de máxima seguridad, para que paguen por sus crímenes ante el pueblo”, dijo Maduro el jueves.
Miembros opositores del partido Primero Justicia informaron el viernes que su lista de arrestos arbitrarios se estaba alargando.
La lista del partido incluía a Edward Ocariz, un líder de derechos humanos en Caracas; Juan Manuel Allueva, coordinador en Guárico; Rita Capriti, líder en Aragua; y Mayra Castro, líder en Miranda. El partido opositor Voluntad Popular demandó actualizaciones sobre el paradero de Roland Carreño, coordinador del partido; y del gobernador de Barinas, Freddy Superlano, coordinador nacional del partido.
“Debe ser liberado de inmediato. Trabajar por un cambio democrático no es un crimen, exigimos el fin de la persecución y la intimidación”, escribió González en X. “La verdad es el camino hacia la paz”.
La esposa de Superlano, Aurora Superlano, pidió oraciones y escribió en X el viernes por la noche: “Han pasado 84 horas difíciles y dolorosas para toda nuestra familia y cada uno de los amigos de mi esposo”.