PEMBROKE PARK, Fla. – La Junta de Ingenieros Profesionales de Florida ha intensificado sus acciones contra Enrique Fernández al emitir una segunda orden de cese y desista tras una investigación realizada por Local 10 News.
Como informó el investigador de Local 10 News, Jeff Weinsier, en noviembre, se descubrió que Fernández se hizo pasar por su padre fallecido para realizar inspecciones de ingeniería no autorizadas, violando regulaciones estatales y estándares profesionales.
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La última orden de cese y desista se extiende al Pier 66 en Fort Lauderdale y a varias propiedades adicionales previamente desconocidas para los investigadores. Esta expansión indica un patrón más extenso de mala conducta y práctica no autorizada, lo que ha llevado a la Junta a tomar medidas más estrictas para abordar las violaciones.
El investigador estatal está preparando actualmente una queja formal para presentarla al Panel de Causa Probable de la junta en marzo. Se espera que el panel:
- Autorice una queja administrativa: Basándose en las pruebas, el panel probablemente aprobará la emisión de una queja administrativa contra Fernández.
- Recomiende una sanción: Dada la cantidad de proyectos y la gravedad de las violaciones, se anticipa que el panel recomendará una sanción sustancial. Casos anteriores sugieren que las multas podrían ser significativas, posiblemente superando las impuestas anteriormente.
Fernández podría verse obligado a pagar multas considerables por sus actividades no autorizadas.
Enrique Fernández niega las acusaciones. En conversación con Weinsier, insistió en que nunca falsificó informes de inspección ni comprometió la seguridad pública. Sin embargo, un investigador estatal ha expresado serias preocupaciones sobre los posibles peligros derivados de inspecciones mal realizadas. La controversia se centra en múltiples informes de inspección de edificios, incluidos los del 3900 de Alton Road, un edificio residencial de nueve pisos en Miami Beach, y la remodelación del Pier 66 en Fort Lauderdale.
Ambos proyectos incluyeron una serie de inspecciones de plomería, electricidad y mecánica firmadas bajo el nombre “Enrique Fernández” usando el número de licencia de Ingeniero Profesional de Florida 21218.
¿El problema? El verdadero Enrique Fernández, titular original de esa licencia, falleció en 2018.
Fernández afirma que las firmas no son suyas. Asegura que otra persona es responsable de estas falsificaciones. Cuando se le confrontó con documentos que llevaban su supuesta firma, Fernández respondió: “Eso no es mío, señor”.
La Junta de Ingenieros Profesionales de Florida, con sede en Tallahassee, está investigando activamente el caso. Emitieron una orden de cese y desista para evitar que Fernández practique ingeniería sin licencia, y los departamentos de construcción de todo el condado de Miami-Dade fueron alertados sobre las supuestas falsificaciones.
La investigadora de la junta, que pidió no ser identificada debido al alcance de su trabajo, compartió sus preocupaciones, diciendo que cree que Fernández ha puesto vidas en peligro.
“Ha hecho un trabajo para el que no estaba calificado. Estos son edificios grandes. A menos y hasta que algo falle, por supuesto, no necesariamente lo sabes”, dijo.
“Renovó la licencia de ingeniería de su padre después de que falleciera. Cambió la información en el sistema para que los correos electrónicos fueran a él”, agregó la investigadora. En un caso anterior, similar a este, el acusado fue arrestado y acusado.
Cuando Weinsier le preguntó qué le quita el sueño con respecto a esta investigación, la investigadora respondió: “Esperar que otro edificio se derrumbe y que mueran más personas”.
En un comunicado, NV5, una firma de ingeniería privada en Hollywood, confirmó que Fernández trabajó brevemente para ellos, pero fue despedido después de no proporcionar una licencia de ingeniería válida. NV5 declaró que cualquier afirmación de falsificación durante su empleo era “absolutamente falsa”.
La empresa desde entonces ha contratado a un ingeniero forense con licencia para reinspeccionar todas las áreas donde Fernández estuvo involucrado. Sin embargo, los nuevos informes parecen casi idénticos a los documentos originales, con solo una firma de un ingeniero diferente y nuevas fechas.
El desarrollador de Pier 66, Tavistock, respondió a la controversia, calificándola como un “evento desafortunado” y enfatizando su compromiso con la seguridad, al haber contratado a ingenieros externos para garantizar el cumplimiento.
Las autoridades y los desarrolladores destacan que todos los proyectos vinculados a Fernández han sido reinspeccionados, particularmente en Miami-Dade, donde se reabrieron paneles para verificar que todos los componentes cumplieran con los códigos de seguridad.
La ley de Florida permite a proveedores privados, como ingenieros o arquitectos con licencia, realizar inspecciones para proyectos de nueva construcción para acelerar los plazos y reducir la carga de trabajo del gobierno. Sin embargo, los inspectores deben realizar verificaciones de seguridad exhaustivas comparables a las de los inspectores gubernamentales. Aún persisten dudas sobre si sería necesario un control más estricto para evitar incidentes como este en el futuro.
Este caso recuerda el devastador colapso del edificio en Surfside, destacando la importancia crítica de profesionales calificados en la seguridad estructural. La investigación sigue en curso, y Fernández, quien ha contratado representación legal, continúa negando todas las acusaciones, afirmando: “Tienen al Enrique Fernández equivocado”.
Según el condado de Miami-Dade, Fernández actuó como proveedor privado para NV5, JEM Inspections and Engineering, E&K Engineering y Winmar Construction. Las ciudades y Tavistock dicen que los proyectos en los que Fernández estuvo involucrado no eran de naturaleza estructural. Además, Tavistock afirmó que ninguna de las reinspecciones indicó discrepancias que pudieran causar el colapso de edificios.
Si Fernández no cumple con las multas impuestas, la queja será remitida al Departamento de Regulación de Negocios y Profesiones para su cobro. Este paso garantiza que se apliquen las sanciones y que los practicantes no autorizados sean responsabilizados.