TALLAHASSEE, Fla. – La Legislatura de Florida busca proteger a los navegantes en las aguas del estado al aprobar de manera contundente la Ley Lucy, una iniciativa que transforma las regulaciones de seguridad náutica y que lleva el nombre de Lucy Fernandez, la joven hispana de 17 años que perdió la vida en un trágico accidente en 2022.
El Senado aprobó la medida con una votación unánime de 31-0, mientras que la Cámara de Representantes lo hizo con 93 votos a favor y solo uno en contra. El proyecto, registrado como HB 289, ahora espera la firma del gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley.
La normativa surge como respuesta directa a la tragedia ocurrida durante el fin de semana del Día del Trabajo de 2022, cuando George Pino, un prominente corredor de bienes raíces de Miami, conducía una embarcación Robalo de 29 pies con 14 pasajeros cerca de Boca Chita Key.
La embarcación colisionó contra un marcador de canal, causando que todos los ocupantes fueran arrojados al agua.
Lucy Fernandez, estudiante del último año de la Academia Our Lady of Lourdes en Miami, falleció al día siguiente debido a sus heridas, mientras que su compañera Katerina Puig quedó permanentemente discapacitada tras sufrir un traumatismo craneoencefálico.
Lo que indignó a la comunidad hispana y a muchas familias de Florida fue que inicialmente, en agosto de 2023, Pino solo enfrentó cargos por delitos menores: operación imprudente de embarcación causando muerte y lesiones corporales graves. Esto a pesar de que se encontraron 61 botellas vacías de alcohol en la embarcación al día siguiente del accidente.
Más de dos años después, en octubre de 2024, los fiscales de Miami-Dade presentaron finalmente un cargo más grave de homicidio en embarcación contra Pino, un delito grave que conlleva hasta 15 años de prisión.
Los padres de Lucy, Andy y Melissa Fernandez, transformaron su dolor en acción al impulsar esta legislación que busca evitar tragedias similares. La Ley de Lucy fortalece las sanciones por accidentes náuticos y operación imprudente, actualiza las reglas para operar embarcaciones, impone multas por infracciones específicas y establece un período mínimo obligatorio de prisión para homicidios por navegación bajo influencia del alcohol.
Entre los cambios más importantes, la ley exige que cualquier persona que no haya residido en Florida por más de cinco años, independientemente de su edad, complete un curso de seguridad náutica. Esto representa un cambio significativo respecto a la normativa actual, que solo exige certificación a personas nacidas después del 1 de enero de 1988 para operar embarcaciones motorizadas de 10 caballos de fuerza o más.
Además, la ley equipara las penas por abandonar el lugar de un accidente náutico o conducir embarcaciones imprudentemente con delitos similares cometidos en carretera.
Esta equiparación busca llenar un vacío legal que permitía que delitos graves en el agua fueran tratados con menor severidad que en tierra.
Los Fernandez crearon la Fundación Lucy Fernandez dedicada a promover la seguridad náutica y hoy su esfuerzo se materializa en esta ley histórica.
La Ley de Lucy representa un avance crucial para la seguridad de miles de familias floridanas que disfrutan de los más de 12,000 kilómetros de vías navegables del estado mediante actividades náuticas recreativas en Miami-Dade y otros condados costeros.