WASHINGTON – La Corte Suprema le permitió el lunes al gobierno del presidente Donald Trump retirar las protecciones legales a 350.000 venezolanos, que podrían quedar expuestos a la deportación.
La orden de la corte, con sólo un disenso registrado, suspende el fallo de un juez federal en San Francisco que mantenía vigente el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos, el cual de otro modo habría expirado el mes pasado. Los jueces no proporcionaron una justificación, lo cual es común en apelaciones de emergencia.
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El estatus le permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente debido a que sus países de origen se consideran inseguros por desastres naturales o conflictos civiles.
La orden del máximo tribunal sería aparentemente “la mayor acción en la historia moderna de Estados Unidos para despojar a cualquier grupo de no ciudadanos de su estatus migratorio”, indicó Ahilan Arulanantham, uno de los abogados de los migrantes venezolanos.
“Esta decisión colocará a las familias en una posición imposible, en la que tendrán que elegir entre sobrevivir o la estabilidad”, dijo Cecilia González Herrera, quien presentó la demanda para intentar impedir que el gobierno federal le revocara las protecciones legales a ella y a otras personas en la misma situación.
“Los venezolanos no son criminales”, dijo González Herrera.
“Todos merecemos la oportunidad de prosperar sin ser enviados de regreso al peligro”, agregó.
De momento se desconocen las ramificaciones para las cientos de miles de personas afectadas, dijo Arulanantham. El Departamento de Seguridad Nacional no comentó de inmediato sobre la orden de la Corte Suprema.
Un tribunal federal de apelaciones había rechazado anteriormente la solicitud del gobierno de suspender la orden mientras continúa la demanda. Se programó una audiencia para la próxima semana frente al juez federal Edward Chen, quien había suspendido los planes de la Casa Blanca.
Se trata del más reciente caso en una serie de apelaciones de emergencia que ha presentado el gobierno federal ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración e involucrando a Venezuela. La semana pasada, el gobierno solicitó a la corte que le permita poner fin al permiso humanitario para cientos de miles de inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, exponiéndolos también a una posible deportación.
El máximo tribunal también ha estado involucrado en frenar los esfuerzos de Trump para enviar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de pandillas hacia una prisión en El Salvador al amparo de una ley del siglo XVIII llamada la Ley de Enemigos Extranjeros.
La compleja crisis económica y política en Venezuela ha llevado a más de 7,7 millones de personas a abandonar la nación sudamericana desde 2013. Los problemas económicos más recientes de Venezuela impulsaron la inflación interanual en abril al 172%. El más reciente episodio incluso llevó al presidente Nicolás Maduro a declarar una “emergencia económica” el mes pasado. Maduro, cuya reelección el año pasado para un tercer mandato ha sido condenada como ilegítima por la comunidad internacional, también ha reprimido a sus oponentes políticos.
En la disputa sobre el TPS, el gobierno ha tomado medidas agresivas para retirar varias protecciones que han permitido a los inmigrantes permanecer en el país, incluyendo el fin del estatus de protección temporal para un total de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos. Estas protecciones se conceden en incrementos de 18 meses. Venezuela fue designada por primera vez para el TPS en 2021; Haití, en 2010.
Las protecciones estaban programadas a expirar el 7 de abril, pero el juez Edward Chen ordenó una pausa. Determinó que la expiración amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en actividad económica perdida.
Chen, quien fue nombrado para el tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, determinó que el gobierno no había demostrado que mantener el programa vigente causara algún daño.
Sin embargo, el procurador general D. John Sauer escribió en nombre del gobierno que la orden de Chen interfiere indebidamente con el poder de la presidencia en materia de inmigración y los asuntos exteriores.
Además, Sauer dijo a los jueces que las personas afectadas por el fin del estatus de protección podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país porque la “decisión de terminar el TPS no equivale a una orden de deportación final”.
El Congreso creó el TPS en 1990 para eximir de la deportación a personas procedentes de países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.