PANAMA CITY – El principal líder sindical de Panamá pidió asilo el miércoles en la embajada de Bolivia y el Ministerio Público anunció que se emitieron órdenes de detención contra dirigentes del mismo gremio, en momentos en que el gobierno panameño enfrenta cuatro semanas de protestas contra una reforma a las pensiones y contra la firma de un acuerdo con Estados Unidos.
Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, que considerado el más poderoso y combativo del país, ingresó a la embajada de Bolivia en la madrugada tras saltar una cerca, según el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.
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Su sindicato encabeza desde hace cuatro semanas una huelga a la que se han sumado gremios de educadores y trabajadores bananeros. Las movilizaciones sociales continuaban el miércoles, pero los bloqueos de carreteras de días anteriores ya se habían levantado.
En el momento en que Méndez solicitó el asilo e ingresó a la embajada de Bolivia no se conocía que hubiera ninguna orden de detención contra él, pero su sindicato era investigado por las autoridades panameñas por un supuesto caso de estafa y lavados de activos que data de 2022. El encargado de negocios boliviano en Panamá, Carlos Javier Suárez Cornejo, indicó que al dirigente se le otorgó una protección temporal mientras se evalúa su caso.
Hace una semana, fue arrestado Jaime Caballero, otro de los líderes de ese sindicato, también por supuesto lavado de dinero.
Tras conocerse el pedido de asilo de Méndez, la fiscalía panameña emitió un comunicado en la tarde del miércoles en el que confirmaba que se habían emitido varias órdenes de detención contra dirigentes del sindicato Suntracs, pero no detalló los nombres de los implicados.
En las redes sociales del gremio de la construcción, se publicaron fotografías de allanamientos a sus instalaciones con un mensaje en el que calificaban los hechos de “persecución” y responsabilizaban al presidente José Raúl Mulino por “estos actos represivos”.
Méndez buscó asilo en la legación boliviana un día después de que el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, informara que se había cancelado la personería jurídica de la cooperativa perteneciente a ese sindicato alegando que “no mantiene los controles necesarios y sustentados que respalden su buen funcionamiento”, entre ellos la prevención de blanqueo de capitales.
De acuerdo con el Ministerio Público, Suntracs enfrenta un proceso judicial a raíz de una querella de 2022 interpuesta por extrabajadores del sindicato por presunta estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos.
Las protestas contra el gobierno de Mulino son las más grandes en el país desde las masivas manifestaciones de 2023 que llevaron a tumbar en instancias judiciales un contrato de concesión para la operación de una enorme mina de cobre.
Las demandas de los manifestantes se centran en la derogación de la ley de reforma de la seguridad social aprobada en marzo, que los críticos afirman que desmejoraría las pensiones, y el rechazo a un memorando de entendimiento sobre seguridad firmado con Estados Unidos que según sectores opositores comprometería la soberanía del país sobre el Canal de Panamá, algo que han negado ambos gobiernos.
El presidente José Raúl Mulino ha reiterado que la reforma era necesaria para evitar el colapso financiero del sistema y el pago de las actuales y futuras pensiones.