BOGOTÁ – Un tribunal civil en Perú emitió un fallo histórico que reconoce los derechos territoriales del pueblo kichwa en un área protegida en la Amazonia, lo que marca un avance significativo en las reclamaciones de tierras indígenas.
En la determinación se afirma que la gestión indígena es completamente compatible con los objetivos de conservación, estableciendo un poderoso precedente para la protección forestal basada en derechos en Perú, según el pueblo kichwa y abogados involucrados en el caso.
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El fallo, emitido el 15 de mayo pero dado a conocer el miércoles, llegó tras una impugnación jurídica por parte de cuatro organizaciones indígenas en nombre de las comunidades kichwa en la región de San Martín. Las comunidades dicen que durante décadas el Estado negó su presencia ancestral, creando áreas protegidas sin su consulta ni consentimiento.
Cristina Gavancho, asesora jurídica de las organizaciones demandantes, dijo el jueves a The Associated Press que el fallo valida su presencia histórica y su derecho a exigir respeto por esos territorios. Además, la determinación reconoce que, al hacerlo, no sólo contribuyen a la conservación, sino que deben estar involucrados en cualquier medida estatal para implementarla, agregó.
Algunos ambientalistas consideran que el caso podría redefinir la forma en que Perú aborda la protección forestal, especialmente en áreas en disputa como el Parque Nacional Cordillera Azul, sede de uno de los proyectos forestales de compensación de carbono más grandes del mundo.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) —la agencia gubernamental peruana responsable de las áreas naturales protegidas— no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
Gavancho hizo notar que el fallo podría tener relevancia global, ya que refuerza el creciente reconocimiento internacional del papel que desempeñan los pueblos indígenas en la conservación. Destacó que la decisión se alinea con los objetivos internacionales en materia de biodiversidad, y señala un alejamiento de los modelos de conservación verticalistas.
Indicó que el objetivo no es sólo la creación de áreas protegidas, sino también se trata de reconocer y proteger los derechos territoriales indígenas.
Wiler Saurin, vicepresidente de la coalición indígena CODEPISAM en la región de San Martín, expresó que el fallo es una gran victoria en la larga lucha por el reconocimiento de las tierras ancestrales. Enfatizó que las áreas protegidas en San Martín se establecieron sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos kichwa, shawi y awajun.
Saurin, de la comunidad kichwa, dijo por teléfono a la AP que la decisión del tribunal confirma los derechos territoriales indígenas y subraya que la conservación no puede ocurrir sin la inclusión de los pueblos originarios.
Saurin hizo énfasis en que la conservación tampoco puede hacerse desde un escritorio ni una oficina, sino que hay que llevarla a cabo trabajando con las comunidades que han ocupado esos territorios desde tiempos ancestrales.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.