BOGOTÁ – El gobierno colombiano advirtió el martes al Congreso que está dispuesto a ordenar por decreto la realización de una consulta popular, en la que se pregunte a los ciudadanos sobre cambios laborales y al sistema de salud, en caso de que el Senado no se pronuncie de manera expedita sobre su conveniencia, desconociendo la negativa que ya dieron los legisladores.
“El gobierno está seguro de que si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, convocará la consulta popular para que sea el pueblo quien resuelva las 12 preguntas que tienen que ver con la reforma laboral”, anunció a la prensa el ministro del Interior, Armado Benedetti.
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El ministro se refería a la solicitud de consulta popular que fue radicada el 1 de mayo por el presidente Gustavo Petro, primer izquierdista en el poder en Colombia, y que contenía 12 preguntas sobre cambios al sistema laboral como la disminución de la jornada diurna y el pago del 100% de recargos dominicales. El Senado negó el aval en una votación el 14 de mayo que fue tildada por el gobierno de fraudulenta.
Ante la negativa de los congresistas, el gobierno presentó al Congreso una nueva solicitud de consulta popular. Sin embargo, el ministro del Interior sostiene que el Senado no se pronunció sobre la primera solicitud por una supuesta falla en el procedimiento de votación, por lo que, según su argumento, deberían volver a decidir antes del 1 de junio.
Según la ley colombiana, el Senado debe pronunciarse sobre la conveniencia de convocar o no a una consulta popular en un plazo de un mes luego de ser radicada. En caso de que no exista pronunciamiento, el gobierno puede convocarla por un decreto y decidir una fecha de votación nacional en los siguientes tres meses.
Para Benedetti, la falla en el procedimiento sucedió debido a que el Senado no leyó la proposición de la consulta popular completa y votó. “Tengo la razón en decir que el Senado no se ha pronunciado y si no lo hace, el presidente puede convocar a la consulta popular”, explicó.
La declaración del ministro del Interior no fue bien recibida por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien lo tildó como un “acto absolutamente ilegal que violenta el Estado de derecho y la separación de poderes”. Cepeda reafirmó en una declaración difundida a la prensa que la primera solicitud de la consulta popular fue negada en el Senado. “Si el gobierno nacional tiene dudas sobre la legalidad, debe acudir a la rama judicial”, agregó.
En paralelo a la discusión sobre la eventual convocatoria a una consulta popular, el Congreso discute una reforma laboral que versa sobre las propuestas del gobierno y que ha sido modificada durante la discusión en temas como la jornada laboral o las modalidades de contratación.
La reforma laboral había sido archivada por el Congreso. sin embargo, fue revivida el 14 de mayo luego de que su hundimiento fuera apelado. Actualmente, se discute la reforma en la mitad de su tránsito en el Congreso.
Las centrales obreras iniciarán el miércoles una huelga nacional de 48 horas en apoyo a la consulta popular convocada por el gobierno y en contra de las modificaciones que han hecho legisladores a la reforma laboral de iniciativa gubernamental.