GUATEMALA CITY – Un tribunal de Guatemala condenó a 40 años de cárcel a tres hombres, excolaboradores de militares durante la guerra que duró 36 años en el país, por la violación de seis mujeres indígenas mayas Achí, en lo que supone el cierre de un caso judicial de abusos sexuales a 36 mujeres de la misma comunidad de hace más de 40 años.
Los tres condenados, a 40 años de cárcel cada uno, cometieron la violación de dos mujeres cada uno, según consideró el tribunal que quedó probado. Dispuso para ellos medidas sustitutivas a la prisión mientras esperan que el fallo judicial sea firme.
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De acuerdo con la sentencia leída, el expatrullero civil Félix Tum Ramírez cometió dos violaciones y señaló a las otras cuatro víctimas para que fueran violadas por los otros hombres. A Pedro Sánchez y Simeón Enríquez Gómez, también expatrulleros, les atribuyen dos violaciones.
“Las víctimas han sido muy valientes en venir a declarar en repetidas veces", reconoció la presidenta del órgano judicial decisor, María Eugenia Castellanos. "Constituye de por sí su declaración un valor incalculable. Son delitos de soledad que estigmatizan a la mujer. No es fácil contarlos”, destacó.
Los tres condenados cometieron delitos de lesa humanidad, consideró el tribunal guatemalteco, cuando sirvieron de patrulleros civiles que colaboraban con el ejército contra guerrilleros en el conflicto armado de Guatemala (1960-1996).
El caso de las mujeres mayas Achí comenzó en 2011 cuando 36 de ellas, oriundas del municipio de Rabinal, en Baja Verapaz, al occidente del país, dieron el paso de denunciar que soldados y expatrulleros civiles abusaron sexualmente de ellas y las detuvieron ilegalmente, a veces durante semanas, entre 1981 y 1985.
Y aunque han pasado más de 40 años, ellas aún recuerdan con exactitud la violencia ejercida en sus cuerpos. Cinco expatrulleros civiles, miembros de su comunidad o de otras, ya fueron condenados a 30 años de prisión por la violación de las 36 mujeres en 2022.
Este segundo proceso judicial pone fin a la lucha de las mujeres contra la impunidad en el caso.
Ningún militar ha sido enjuiciado por estos hechos.
En 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas documentó 1.465 casos de violación sexual durante la guerra. El 89% de estos hechos se dieron contra mujeres mayas y el 35% de las víctimas eran niñas, dice el informe.
De las 36 mujeres de la comunidad Achí que denunciaron violaciones, siete de ellas ya han muerto. La víctima de menor edad tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos.
Pedrina Ixpatá, que ahora tiene 63 años, contó las atrocidades que vivió cuando tenía 21 y señaló a uno de los ahora condenados —Félix Tum Ramírez— como responsable de que el ejército se la llevara.
“A las nueve de la noche me fueron a sacar (de casa) y me llevaron a un gran tanque de agua, me metieron la cabeza dentro del tanque y cuando ya casi me ahogaba, me sacaban y me hacían preguntas, pero yo respondía que no sabía nada", declaró.
Después de eso, continuó el horror. “Me iban a tirar al cuarto (dentro del destacamento militar) y ahí entraban los soldados y ahí me violaron… Ya no aguantaba, me dolía el cuerpo, me dolía la cintura… Sufrí un aborto, porque ahí me embarazaron”. Debido a los daños, no pudo volver a ser madre.
The Associated Press generalmente no identifica a las víctimas de delitos sexuales a menos que ellas, como en el caso de Ixpatá, hablen públicamente.
Los informes de memoria histórica sobre la guerra de Guatemala y los peritos que declararon en este juicio recordaron que las mujeres eran usadas como arma de guerra para resquebrajar el tejido social y así romper el apoyo a los insurgentes. El ejército se empecinaba con las comunidades indígenas porque creía que protegían a guerrilleros.
Otro de los acusados, Pedro Sánchez, se defendió el viernes ante el tribunal negando los hechos. Dijo que no conocía a las mujeres.
En el municipio de Rabinal, donde ocurrieron los hechos, hay registros de masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y asesinatos. Los hombres eran el blanco de asesinatos, mientras ellas eran además abusadas.
Precisamente, la antropóloga Aura Cumes, perito que declaró ante el tribunal, señaló que las mujeres sufrieron la represión militar de forma diferente a los hombres.
“La violencia sexual fue un método planificado y deliberado… Fue eficaz para los fines del ejército en tanto que estos hechos brutales sobre las mujeres tuvieron como efecto causar desconfianza, destruir las relaciones sanas entre mujeres y hombres, resquebrajar la unidad familiar y destrozar el tejido social comunitario”, dijo Cumes.
A una de las 36 víctimas la tuvieron retenida por 25 días en un destacamento militar en 1981.
Según su testimonio, fue violada en su casa, primero por patrulleros y luego por militares. Estaba lavando ropa en un río, cuando la forzaron a meterse en un cuarto y desvestirse. A través de un intérprete, explicó que también se llevaron a su esposo y nunca más lo volvió a ver. Tenían un año de matrimonio y estaba embarazada de cuatro meses.
La mujer declaró a puerta cerrada y en idioma achí. Para que llegase hasta ahí, a comparecer ante el tribunal, fue necesario un trabajo de convencimiento y empatía. Ése es el rol que han asumido por años las tres abogadas indígenas —Hayde Valey, Gloria Reyes y Lucía Xiloj— que acompañaron a las víctimas de Rabinal en su lucha contra la impunidad.
Valey es parte de la misma comunidad y cree que su identidad como mujer indígena “creó la confianza y hablar el mismo idioma ayudó” para que las 36 mujeres denunciaran. "Los hechos de violencia sexual son muy difíciles de contar, era una situación compleja, estigmatizante por sus mismas comunidades, por los hechores e incluso por sus familias, que las hacían responsables por lo que sucedió”.
De hecho, algunas de las víctimas aún conviven con sus victimarios, son sus vecinos, porque los militares usaron a civiles de las comunidades en su guerra contra los insurgentes.
Los patrulleros civiles eran hombres captados por el ejército —muchas veces bajo amenaza— para que hicieran tareas de control en las poblaciones. Se encargaban de vigilar quién entraba y salía, quién vivía, quién los visitaba y qué hacían. A algunos les pagaban por esta tarea, para otros, era impuesta.
Y, aunque recibían un entrenamiento muy precario en tema de armas por parte de los uniformados, los patrulleros civiles tenían frente a la comunidad como una autoridad dada por el ejército.
El informe de la Recuperación de la Memoria Histórica Remhi, elaborado por la Iglesia católica sobre la guerra, detalla en su capítulo quinto que las mujeres fueron víctimas, pero también la mayoría de supervivientes y que, después, en su vida, "han tenido que enfrentar en condiciones muy precarias las consecuencias de la violencia”.
Por eso, las abogadas que han acompañado a las 36 mujeres reivindican su valor como denunciantes. En palabras de Valey, “las valientes son ellas, que se han atrevido a dejar atrás el silencio, los estereotipos en su contra y alzar la voz para buscar justicia por lo que les pasó”.