SAN SALVADOR – Una abogada de derechos humanos lleva detenida dos semanas en El Salvador por un presunto caso de peculado sin que fuera puesta a disposición de un juez o le formularan cargos por más de dos semanas. Su situación, que tomó relevancia pública a mediados del mes pasado, ha puesto en evidencia que la política de mano dura de Nayib Bukele va más allá del combate a las pandillas: se está aplicando a delitos comunes.
Ruth Eleonora López, de la reconocida organización Cristosal que ha criticado el estricto régimen de excepción que rige en El Salvador desde 2022 y que ha denunciado abusos en las cárceles, fue detenida el 18 de mayo y hasta ahora sólo su madre ha podido visitarla en prisión.
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Recién el lunes fue puesta a disposición de un juez para la formulación de cargos. Una persona conocedora del caso, que pidió no ser identificada para dar detalles, contó a The Associated Press que el proceso penal contra López fue declarado en reserva total por el juez y que la fiscalía solicitó cargos por el delito de enriquecimiento ilícito, así como prisión provisional por seis meses. La audiencia judicial donde se decidirá su situación será el miércoles.
López es acusada por, supuestamente, haber colaborado con un exfuncionario del anterior gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) en malversación de fondos del Estado. Ella ha negado los señalamientos.
Cristosal, donde López trabaja como jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia, dijo el lunes en un comunicado que había presentado un hábeas corpus ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema para requerir su liberación. Horas más tarde, confirmó que le habían formulado cargos el lunes —más de dos semanas después de su detención—, pero se desconoce aún cuándo será la audiencia para definir si recibe medidas preventivas como prisión.
La Constitución salvadoreña indica que todo detenido debe comparecer ante un juez en 72 horas.
Ese plazo, no obstante, puede extenderse a 15 días a raíz del régimen de excepción que impuso Bukele hace más de tres años para combatir la violencia de las pandillas que azotaba al país y que se ha renovado mes a mes gracias a la mayoría del oficialismo en el Congreso.
Bajo el estado excepción, una persona puede ser detenida en El Salvador sin saber por qué y sin tener acceso a un abogado. Más de 86.000 personas han sido encarceladas en los últimos tres años y el 90% de ellas está en prisión sin sentencia.
Lo que expone el caso de la abogada es que la suspensión de derechos fundamentales, pensada inicialmente para los integrantes de pandillas, se está extendiendo a otros delitos no relacionados al crimen organizado. Abogados penalistas aseguran que han llevado casos de conducción temeraria, lesiones, agresiones sexuales, hurtos, desórdenes o pornografía en los que la detención se alargó hasta los 15 días.
“Lo han generalizado”, admite Oswaldo Feusier, abogado y docente universitario de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. "Los jueces están aplicando para cada vez más delitos”. La fiscalía salvadoreña no emitió comentarios ni compartió cifras sobre los casos que han sido tratados como excepción.
Y ante las críticas a su estrategia de mano dura, el presidente Bukele fue tajante el domingo por la noche en su discurso a la nación: “ Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
El mandatario, que ha sido cuestionado dentro y fuera del país por la rigidez de su política de excepción, volvió a defender su estrategia acusando a las organizaciones de derechos humanos de proteger a los pandilleros.
“Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen... Yo me pongo a pensar, ¿cómo vamos a combatir la corrupción si toda la oposición tiene impunidad garantizada?”, argumentó.
Lo que reclaman varias ONG, como Cristosal, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que, si los niveles de inseguridad y crímenes han caído a mínimos como presentan las cifras oficiales, ya no hay necesidad de mantener el régimen de excepción y deberían reinstaurarse los derechos fundamentales suspendidos.
En cambio, la excepción se está aplicando a cada vez más delitos. “Técnicamente es legal”, apunta el abogado penalista Carlos Avelar. Más del 80 % de los casos que él ha visto en los tribunales son iniciados a los 15 días después de la captura. “Si a alguien lo detienen, si el fiscal quiere aplicar el término de los 15 días, lo hace”.
El decreto que dio paso al régimen de excepción dice en su artículo 2 que la medida se adopta ante “graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales que atentan contra la vida, la paz y la seguridad de la población salvadoreña” y lo declara para “todo el territorio nacional”.
Por eso, dice admiten los abogados, aunque aplicar la detención de 15 días a otros delitos no relacionados con las pandillas “es un abuso del mismo espíritu del decreto 333”, es legal. El régimen de excepción está vigente en todo el país. "No hay delitos de régimen, lo que hay es un régimen de excepción de carácter constitucional; es para cualquier delito”, recuerda Avelar.
A los dirigentes transportistas detenidos el mes pasado por no poner en circulación sus autobuses —cuando Bukele había dispuesto que el transporte público sería gratuito por una semana para compensar el caos en el tráfico de unas obras en San Salvador— también les aplicaron 15 días de plazo en la detención. Fueron capturados entre los días 5, 6 y 7 de mayo. Pero la fiscalía no presentó cargo contra los 12 detenidos hasta el 19 de mayo.
"Esto es por la saturación que se dio en los tribunales”, apunta la abogada penalista Jayme Magaña, de “Alas por la libertad”, una iniciativa que busca visibilizar casos de violaciones a derechos humanos. Otros colegas también coinciden en que el uso extensivo de la detención de 15 días a delitos comunes obedece a la carga laboral de los fiscales y juzgados.
Lo mismo ocurrió con dos detenidos de una cooperativa agrícola que protestaban fuera de la residencia presidencial junto a docenas de personas. Los arrestaron el 12 y 13 de mayo, respectivamente, por desórdenes públicos y resistencia pero no comparencieron ante un juez hasta el día 27.
Esa protesta, de hecho, fue el argumento que aprovechó el presidente salvadoreño días después para pasar su ley de Agentes Extranjeros que impone restricciones a la operación de organizaciones en el país, así como un impuesto del 30% a los ingresos que perciban desde el exterior. Según Bukele, los manifestantes fueron manipulados por ONG.
La norma ha sido cuestionada como una herramienta de censura y una vía para asfixiar financieramente a asociaciones civiles que son críticas con su gobierno, como Cristosal.
Y eso es lo que denuncia la organización de derechos humanos ante la detención de López. La abogada es acusada de haber colaborado en la “sustracción de fondos de las arcas del Estado” cuando era asesora del expresidente del Tribunal Supremo Electoral y exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, quien es procesado penalmente por el delito de enriquecimiento ilícito.
Pero, para Cristosal, “éste no es un hecho aislado". La detención de su jefa Anticorrupción, denuncian, "forma parte de una estrategia sistemática de criminalización contra quienes defienden los derechos humanos impulsada por el gobierno de Nayib Bukele”.