BOGOTÁ – La fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, rechazó el martes la orden de detención emitida la víspera por una corte guatemalteca por presuntamente cometer asociación ilícita junto a otros funcionarios públicos por sus investigaciones sobre el caso de la empresa brasilera Odebrecht en Guatemala cuando estaba en funciones en la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).
“Más allá de la inmunidad que me ampara e impide la expedición de la orden de captura internacional que ayer (lunes) se dio por tramitada, sin estarlo... me cobija la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen”, aseguró Camargo en un comunicado leído a la prensa en Bogotá.
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Camargo fue jefa de investigaciones de la CICIG entre 2014 y 2017, una misión de Naciones Unidas que funcionó hasta 2019 y que estuvo al mando de Iván Velázquez, actual embajador designado de Colombia ante el Vaticano, contra quien también fue emitida una orden de detención por las investigaciones sobre Odebrecht.
Velásquez declinó de hacer comentarios solicitados por The Associated Press. En su cuenta de X, antes Twitter, calificó el lunes a la fiscalía general guatemalteca de “corrupta” e indicó que se trata de una “persecución” contra él y Camargo. “Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, agregó.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó el martes su preocupación por las órdenes de captura emitidas contra Velásquez, Camargo y otros exfuncionarios de la CICIG, según informó su portavoz Stéphane Dujarric.
El jefe de la ONU recalcó que el personal internacional de la CICIG goza de inmunidad procesal respecto a su desempeño en la misión, el cual continúa incluso después de finalizarla, en virtud de un acuerdo entre el organismo y el gobierno de Guatemala, que se comprometió a proteger a dicho personal de amenazas o represalias por su labor.
El fiscal Rafael Curruchiche, al que varios países han sancionado por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia, señaló a Velásquez y Camargo de los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
Señaló a los colombianos, que investigaron a exfuncionarios guatemaltecos por recibir sobornos de Odebrecht, de haber conformado una “ estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG ” que “favoreció a los empresarios de la constructora” y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales (unos 380 millones de dólares).
Curruchiche ha detallado que entre las pruebas de la investigación hay correos electrónicos donde hay comunicación entre Velásquez con Camargo y los abogados de Odebrecht que derivaron en un viaje de funcionarios a Brasil para firmar un acuerdo de colaboraciones, a su criterio, “de manera ilegal y arbitraria”.
En una declaración a la prensa el martes, Curruchiche justificó su petición de órdenes de detención contra los funcionarios colombianos y exfuncionarios guatemaltecos diciendo que eran parte de “patrón de un esquema perverso de extorsión y encubrimiento”, que habrían vendido y archivado información en el caso Odebrecht.
Curruchiche también intentó desacreditar el trabajo que la CICIG hizo en Guatemala durante la gestión de Velásquez entre 2013-2019, tiempo en el cual la CICIG llevó a la justicia a cientos de jueces, magistrados, políticos y empresarios por actos de corrupción, diciendo que quienes dirigieron la CICIG habrían “destruido, borrado y sustraído pruebas de casos”.
A finales de mayo, la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, criticó a la fiscalía guatemalteca que dirige l a fiscal general Consuelo Porras, también sancionada por más de 40 estados. La relatora dijo que la fiscalía se enfoca y criminaliza a “quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos de poder”.
La actual fiscal colombiana indicó a la prensa que las acciones que ahora son cuestionadas, como cruzar correos o asistir a reuniones, correspondieron a “negociaciones típicas para lograr un preacuerdo” e indicó que el viaje a Brasil fue necesario debido a que “esas personas (de Odebrecht) no iban a ir a Guatemala a hacer una declaración”.
“Fueron la base para entregar importante información sobre los receptores de coimas pagadas y del compromiso que la multinacional asumió de reconocer para el Estado de Guatemala una indemnización por 16,5 millones de dólares por los actos de corrupción que produjeron", afirmó Camargo.
Curruchiche informó que le pidieron a la Interpol hacer efectivas las detenciones.
Camargo consideró que la orden de captura internacional no será emitida, tras el comunicado del gobierno de Guatemala que rechazó la petición de la fiscalía de ese país. “El Ejecutivo rechaza esa solicitud, lo que quiere decir que la orden de captura tendría vigencia y lugar sólo en Guatemala”, indicó.
La víspera, el gobierno guatemalteco rechazó de forma “enfática” las órdenes de aprehensión contra Velásquez y Camargo, catalogándolas de ser “un acto irresponsable y espurio” de parte de la fiscalía y dijo que éstas “carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de CICIG en el país".
El gobierno colombiano también rechazó en un comunicado la solicitud de la fiscalía que "carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”. Colombia activó canales diplomáticos para manifestar formalmente su rechazo.
Camargo aseguró que aún no tiene definido si podrá defenderse en los tribunales de Guatemala, donde, dijo, “existen muy pocas garantías” y se “criminaliza” a quienes la ejercen. “No hay un abogado en Guatemala que quiera defender a los funcionarios de la CICIG por lo que representa”.
La Comisión desarticuló cientos de estructuras de crimen organizado, llevando a juicio a jueces, fiscales, funcionarios públicos, expresidentes, empresarios y particulares ante la justicia por crímenes como corrupción e impunidad.
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La periodista de The Associated Press en Guatemala, Sonia Pérez D., contribuyó con este reporte.