GUATEMALA CITY – Tres exfiscales guatemaltecos y un abogado que investigaron el caso Odebrecht, a quienes la fiscalía de Guatemala persigue ahora por supuestos delitos en la investigación, acusaron al Ministerio Público de coludirse con grupos de extrema derecha para generar impunidad a políticos y empresarios que recibieron sobornos de Odebrecht en el país centroamericano.
La polémica inició el lunes cuando el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche anunció que una Corte de Apelaciones ordenó detener a 26 exfiscales, así como al exjefe de la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez, y a la exdirectora de investigaciones de ese organismo y actual Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo.
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El fiscal los señala por cometer supuestos delitos dentro de la investigación por los sobornos que la constructora brasileña entregó a políticos en Guatemala.
Tras los señalamientos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó la víspera a su canciller, Laura Sarabia, en una transmisión en vivo de su reunión de gabinete de gobierno, prohibir la entrada de la fiscal general de Guatemala Consuelo Porras “y sus amigos mafiosos, todos; no entran a Colombia, se prohíbe su entrada, por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”.
Petro se suma a más de 42 países, incluida la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá que ya han prohibido la entrada a sus territorios a Porras y a media docena de sus allegados y fiscales, a quienes señalan de obstaculizar la lucha anticorrupción, socavar la democracia en Guatemala y politizar los procesos judiciales en el país.
A los señalamientos de Curruchiche contra exfiscales y exfuncionarios de CICIG —que se exiliaron del país— de que estos vendieron, borraron y sustrajeron evidencias de los casos, la exfiscal general de Guatemala Thelma Aldana y el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval firmaron un comunicado de prensa en el que señalaron a Curruchiche de aliarse con la Fundación contra el Terrorismo para beneficiar a políticos corruptos.
“La Fundación contra el Terrorismo, en colusión con el Ministerio Público, presentó una recusación contra la juez competente del caso con el único propósito de trasladar el expediente judicial a la Sala Tercera de Apelaciones”, dijeron los fiscales, alegando que entonces el fiscal Curruchiche le presentó a la sala hechos ya debatidos y solicitudes ya negadas por la juez de la causa, como las órdenes de aprehensión.
La Fundación Contra el Terrorismo es una organización alineada a la ultraderecha que acompaña y defiende a militares acusados de crímenes de guerra. Ha estado detrás de las acusaciones de la fiscalía contra operadores de justicia, fiscales y periodistas que investigaron hechos de corrupción. Sus directivos Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla también fueron sancionados por Estados Unidos.
Los fiscales argumentan que la decisión de la sala de ordenar su arresto viola la competencia judicial, hace una doble persecución de hechos ya conocidos y resueltos, además de que hay un desconocimiento de normas internacionales sobre el mandato de la CICIG.
La CICIG fue una misión de la Organización de Naciones Unidas, (ONU) que operó en Guatemala durante 12 años, de 2007 hasta 2019, que desarticuló estructuras de crimen organizado, llevando a juicio a jueces, fiscales, funcionarios públicos, expresidentes, empresarios y particulares por crímenes como corrupción e impunidad.
El mandato de la CICIG, firmado entre la ONU y el gobierno guatemalteco en 2007, estableció que el personal internacional de la comisión tendría privilegios e inmunidades que se otorgan a expertos de misiones de la ONU. La CICIG finalizó en 2019 cuando el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato, luego de que la comisión revelara que miembros de su familia estaba implicados en una acusación.
El caso Odebrecht fue investigado, desde 2017, por el exfiscal Sandoval, quien acusó a exfuncionarios de gobierno y políticos de recibir sobornos de Odebrecht.
Su investigación condujo a la aprehensión de Alejandro Sinibaldi (exministro de comunicaciones e infraestructura y excandidato presidencial), la identificación de redes de lavado (de dinero) y el procesamiento de figuras como Manuel Baldizón (excandidato presidencial que cumplió condena en Estados Unidos por lavado de dinero). Sinibaldi y Baldizón están libres.