BOGOTÁ – El presidente Gustavo Petro pidió disculpas públicas el jueves en nombre del Estado colombiano a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el marco del conflicto armado interno, por violaciones de derechos humanos que implicaron a agentes estatales.
Un grupo de campesinos conformó esta comunidad en 1997 para declararse como población civil neutral que optó por no colaborar con ningún actor armado en el noroeste del país andino.
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"¿No es este un hecho de ignominia? ¿No fueron militares de Colombia los que mataron directamente a muchos, la mayoría de los asesinados, en San José de Apartadó?", cuestionó Petro en el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado en el Palacio Presidencial.
Las disculpas públicas son parte de una salida amistosa alcanzada este año tras más de dos décadas de litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual recurrió la Comunidad de Paz alegando múltiples violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales, grupos guerrilleros y paramilitares.
Sin embargo, y pese a su autoproclama de neutralidad, en su territorio fueron perpetrados hechos violentos como desplazamientos forzados y una masacre cometida en 2005 en la que militares y paramilitares asesinaron a ocho personas, entre ellas un bebé, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.
“El Ejército de Colombia ojalá se eduque en profundidad en los valores de la humanidad, para que ningún oficial más en el futuro se atreva a levantar un arma contra el pueblo, como sucedió en San José de Apartadó”, indicó Petro.
La Comunidad de Paz alegó ante la CIDH que la presencia de la fuerza pública provocó a su vez que los ataques de la insurgencia se multiplicaran y convirtieran su comunidad en un “campo de batalla”.
Al alcanzar el acuerdo que dio fin al litigio entre el Estado y la Comunidad de Paz, Colombia se comprometió a construir un monumento en honor a las víctimas que dejó el conflicto armado interno, así como a instalar placas y murales para preservar la memoria de lo ocurrido.
El Estado indicó que creará un grupo especial de fiscales para acelerar las investigaciones penales relacionadas con las violaciones de derechos humanos.
Colombia alcanzó la desmovilización de los grupos paramilitares en 2005, luego de que se entregaran a la justicia a cambio de penas cortas. También firmó en 2016 un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
Sin embargo, continúa lidiando con otros grupos ilegales que persisten en el territorio, entre ellas disidencias de las FARC, con las que el actual gobierno intenta adelantar diálogos de paz.